Urbanismo señala que cuantos más edificios se protejan en los cuarteles de Loiola menos vivienda se hará

Quienes defiendan la protección de los edificios actuales de los cuarteles militares de Loiola reducen la cantidad de vivienda nueva a construir en el ámbito. Es la respuesta que ofreció ayer la concejala delegada de Urbanismo, Nekane Arzallus, al grupo Elkarrekin Podemos que le planteó una batería de preguntas en la comisión municipal de Planificación y Desarrollo del Territorio sobre la compra de estas parcelas por parte del Ayuntamiento.

La formación morada se interesó ayer por el reciente anuncio de la venta de estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa que, según los acuerdos presupuestarios del PNV con el Gobierno central, se materializará a lo largo del año que viene. La concejala Haizea Garay preguntó a la responsable de Urbanismo qué va hacer el gobierno municipal ante la petición del colectivo Áncora de proteger los dos edificios principales de los cuarteles, teniendo en cuenta que el Gobierno Vasco «también ha solicitado su protección con el grado B al incluir estas construcciones en un listado de 183 edificios de la ciudad propuestos para su declaración como monumentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Arzallus no aclaró si el Ayuntamiento dotará de alguna protección a las actuales instalaciones militares –a principios de febrero tiene pensado responder a las alegaciones presentadas en la revisión del Peppuc y a finales de marzo aprobar de forma inicial este documento–, pero lanzó un avisó a navegantes, dado que hay quienes, como Elkarrekin Podemos, abogan por mantener estas construcciones y además reclaman que en esos suelos se construya el mayor volumen posible de vivienda protegida.

La concejala de Urbanismo señaló que ambas cosas con incompatibles dado que los actuales edificios del Ministerio de Defensa no se pueden destinar a vivienda. «Abogan por mantener los edificios de los cuarteles cuando es materialmente imposible hacer viviendas en ellos», indicó. La conclusión es que de esta forma «estaríamos quitando suelo de uso residencial» en el desarrollo que se diseñe para estas parcelas, lo que se traducirá en «menos viviendas».

Garay preguntó igualmente por la valoración económica de los terrenos de los cuarteles y tampoco se vio satisfecha con las respuestas «poco concretas» de la concejala de Urbanismo. «No hemos hecho una valoración», aseguró Arzallus, quien argumentó que para establecer un valor hay que despejar antes los factores que condicionan el precio. Entre ellos, la edificabilidad prevista, la proporción de VPO/libres que habrá, las cargas de urbanización, qué proporción de suelo para actividades económicas se plasmará, si el diseño incluirá nuevos puentes sobre el Urumea y nuevos viales de enlace con barrios como Intxaurrondo, etc. La delegada de Urbanismo recordó que los Presupuestos Generales del Estado –donde se recoge que en 2021 culminará la enajenación de estos terrenos– aún no han sido aprobados en el Senado y aún no han empezado las negociaciones con Defensa para materializar la operación. Fuentes municipales señalaron ayer que esperan formalizar este diálogo con la ministra Margarita Robles en enero.

Arzallus indicó que al gobierno municipal le gustaría que desde «el mínimo legal del 40%» se pudiera hacer en esos terrenos el máximo de VPO posible. «¿El 100%? Sería perfecto. Habrá que ver con qué instrumentos contamos para ello y analizar la viabilidad económica» de esa apuesta, matizó.

En las próximas semanas el ejecutivo irá analizando las posibilidades urbanísticas de estas 17 hectáreas, que podrían permitir construir unas 1.700 nuevas viviendas, apuntó la concejala. El tipo de desarrollo no lo decidirá solo el gobierno municipal sino el conjunto de la corporación local en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que se iniciará en breve. En este sentido, Arzallus señaló sobre las posibilidades de esos terrenos que serán «una ciudad dentro de la ciudad».