Goia anuncia una «cita próxima» con Defensa para hablar de los cuarteles
El Ayuntamiento y el ministerio compartirán sus respectivos análisis de la sentencia que obliga a conservar las fachadas para definir una estrategia coordinada
El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa retomarán en próximas fechas las conversaciones presenciales sobre los cuarteles de Loiola tras un verano de contactos permanentes. Según anunció ayer el alcalde, Eneko Goia, «probablemente» haya una «cita próxima» y en ella ambas instituciones analizarán la situación creada con la sentencia que obliga a conservar parte del complejo militar.
El encuentro servirá para definir los siguientes pasos a dar una vez conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en julio estimó parcialmente un recurso de Vox a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc).
Esta decisión ha trastocado los planes de Ayuntamiento y Defensa, que ya habían pactado incluso el precio de la operación de compraventa de los terrenos. Ahora, el escenario ha cambiado y es momento de determinar en qué medida y cuáles son las posibles soluciones y alternativas para sortear este obstáculo y sellar el acuerdo.
Será la concejala de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, la que encabece la delegación donostiarra en Madrid, como ha sido norma desde el inicio del proceso hace ya más de un año. En la reunión se pondrá en común el análisis que cada parte ha hecho del fallo del TSJPV y de los argumentos a esgrimir en el o los recursos de casación que se presenten, si esa fuera la vía elegida. La intención manifestada por los responsables del consistorio y del ministerio es ir de la mano en este asunto, hacer una lectura conjunta de la nueva situación y actuar de forma coordinada. Aunque cada uno defiende sus propios intereses económicos, existe un objetivo compartido que no es otro que cerrar el traspaso de los cuarteles, por lo que no se descarta explorar «opciones más rápidas» que la judicial, según explican fuentes municipales. Hay que tener en cuenta que acudir al Tribunal Supremo demoraría la solución final por tiempo indefinido.
El Ayuntamiento planea impulsar en estas 17 hectáreas de suelo el mayor desarrollo urbanístico de Donostia con alrededor de 1.700 viviendas, estimación que tras el fallo judicial habrá que recalcular a la baja. El TSJPV ha ordenado proteger los cuarteles en base a un informe de la Diputación en el que se señala el valor patrimonial de las fachadas principales de los dos edificios que dan al río.
Las mismas fuentes recuerdan que la compraventa de esta parcela supone una «pieza fundamental» para la «regeneración de la vega del Urumea», la «gran apuesta de la ciudad en la que se ha invertido mucho dinero y esfuerzo» y también para la conexión de los barrios de Loiola y Martutene con Intxaurrondo.
