El Ayuntamiento recurrirá al Supremo la sentencia del TSJPV que tumba el mayor proyecto urbanístico de Donostia

Visiblemente enfadado, molesto y en tono rotundo, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa que el Ayuntamiento, tras estudiarlo con el equipo jurídico y el Departamento de Urbanismo del consistorio, recurrirá en casación al Tribunal Supremo la sentencia del TSJPV que tumba el mayor proyecto urbanístico hasta la fecha, la construcción de cerca de 1.700 viviendas en el suelo de los cuarteles de Loiola. «Hemos visto muy claro que tenemos y podemos recurrir, y así lo haremos», ha afirmado el primer edil.

«El proyecto sigue adelante, vamos a pelearlo hasta el final aunque nos pongan piedras en nuestro camino», ha continuado Goia al tiempo que ha asegurado que el Ministerio de Defensa, el área con el que el consistorio mantenía conversaciones de compra-venta, está «por la misma labor que el Ayuntamiento de Donostia».

Lo que, por ahora, se ha convertido en papel mojado se fraguó en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado como una de las condiciones del PNV para dar el 'Sí' en la votación de la Ley. Las negociaciones de compra-venta entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Donostia estaban avanzadas, «en los últimos detalles», ha confesado Goia. El consistorio llevaba cerca de «año y medio» en conversaciones con Defensa y tenía cerca de 15 millones de euros guardados en la cartera para finiquitar la compra, pero la orden del TSJPV ha echado todo por los aires.

«Ayer por la tarde hablé con Margarita Robles y estamos de acuerdo en hacer una lectura compartida de la sentencia y, a mí parecer, la reacción de Defensa al fallo ha sido la misma que la nuestra», ha proseguido el alcalde.

El fallo del TSJPV estima parcialmente el recurso presentado por Vox en 2021 a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), una maniobra con la que el partido liderado por Santiago Abascal pretendía evitar la salida del ejército de la capital guipuzcoana. «Vox pretende», ha proseguido Goia, «convertir todos los cuarteles en patrimonio, haciendo un uso político de esta categoría».

Con todo, el alcalde ha explicado que el «valor patrimonial» de los edificios ha estado «siempre en la mesa», pero la protección de este tipo de bienes, ha matizado, «no puede ser hasta un punto en el que imposibilite un uso o obligue a hacer un uso que no es necesario. Nosotros, evidentemente, no despreciamos el valor patrimonial, pero hay que buscar equilibrio».

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Socialistas Donostiarras, Marisol Garmendia, ha defendido la necesidad de seguir apostando por un desarrollo importante de vivienda pública en los terrenos de Cuarteles de Loiola. «Construir vivienda pública en ese ámbito es un objetivo irrenunciable para dar soluciones a la demanda de vivienda de la ciudadanía donostiarra, especialmente de los más jóvenes».

Según la portavoz socialista, «la sentencia no imposibilita el desarrollo de vivienda pública. Si en base a la sentencia del TSJPV hay que replantear el proyecto, manos a la obra, se replantea y reajusta. Debemos trabajar desde ya para buscar la forma de conjugar un imprescindible desarrollo de vivienda pública con la preservación del patrimonio que se estime oportuno. Ambos aspectos no tienen que ser incompatibles. ¿Que la sentencia obliga a readecuar el desarrollo inicialmente previsto? Pues se readecúa, como habrá que ajustar todos los flecos de la negociación, pero sin renunciar al objetivo marcado: en Cuarteles de Loiola, vivienda pública».

El alcalde también ha querido sacar a colación el informe de URA, la Agencia Vasca del Agua, sobre la construcción de viviendas en los cuarteles de Loiola, en el que señala que es «una zona inundable». El informe apunta que «sin desarrollar la actuación hidraúlica no se puede llevar a cabo el desarrollo urbanístico previsto», lo que choca, a jucio de Goia, con el fallo del TSJPV que «protege» como patrimonio municipal los acuartelamientos. «¿Cómo se compatibiliza que sea una zona inundable con la protección de un elemento?», ha señalado.

Desde el punto de vista de la regeneración de la veda del Urumea, «que es la gran apuesta que ha hecho esta ciudad en los últimos años», los cuarteles «son un elemento central con un poder de conexión entre Intxaurrondo y la propia veda del Urumea que «no se puede despreciar», ha explicado Goia. «Es como si a alguien se le hubiera ocurrido por fastidiar presentar un recurso para proteger la cárcel de Martutene, impidiendo el desarrollo de Txomin-Enea 2».

El consistorio ya ha realizado divesas obras en zonas de Martutene, como el ensanchamiento del río Urumea, para evitar posibles inundaciones. En este sentido, se habían entablado conversaciones con URA con el objetivo de conocer qué obras habría que acometer en la curva del río dentro del plan de prevención de inundaciones.

La diputada del PNV en el Congreso, Josune Gorospe, cuyo grupo logró el compromiso de Sánchez para la venta del terreno a cambio de su apoyo a los Presupuestos, ha afirmado que la sentencia sobre los cuarteles de Loiola es una «nefasta noticia» y, tras calificar de «desafortunado» el dictamen del TSJPV, ha dicho que sería una «desgracia» que se mantuviera la protección a los cuarteles de Loiola de San Sebastián porque «quién más va a perder» son los ciudadanos de la capital guipuzcoana.

Josune Gorospe ha indicado que acogen «con disgusto» esta «mala, pésima noticia» y ha asegurado que es un «desafortunado dictamen» y les sorprende que sea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quién determine «cuál tenga que ser el uso y cómo debe calificarse un terreno».

Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido su postura este jueves por la tarde. Ha publicado en su cuenta de Twitter un tuit en el que ha afirmado que «los cuarteles de Loyola son patrimonio de San Sebastián. Sánchez los había entregado para estar un rato más en el sillón. Gracias a VOX se ha evitado que se consumara esta felonía».

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