Aumenta la vigilancia sobre los pisos turísticos

Las cifras hablan por sí solas y dan cuenta del trabajo llevado a cabo por esta brigada, compuesta actualmente, a nivel administrativo, por una arquitecta, una técnica jurídica y dos administrativas y dos agentes de la Unidad de Mediación y Atención Comunitaria (UMAC) de la Guardia Municipal. Desde su creación en octubre de 2017 y hasta junio de este año, ha tramitado la legalización de 1.177 viviendas y 112 habitaciones para uso turístico. Asimismo, ha abierto 761 expedientes de clausura -prácticamente uno al día- y ha procedido a abrir los correspondientes expedientes sancionadores o de revocación de actividad.

Pero sus funciones no solo se limitan a ese tipo de acciones. También se encargan de informar, tanto a promotores como a comunidades de vecinos y ciudadanos afectados, sobre la posibilidad o no de implantar viviendas de uso turístico en un edificio, bajo el prisma de la ordenanza en vigor; emitir los oportunos informes urbanísticos o preparar y remitir a los Juzgados las resoluciones recurridas, «las cuales han alcanzado un número considerable», señalan desde esta unidad.

«Si bien se estimaba que en un plazo de dos años este tipo de actividades encontrarían su equilibrio social, pudiendo ser tramitadas y controladas por el personal que integra el Servicio de Actividades, se ha de reconocer que dicha estimación no ha sido acertada dado que diariamente se siguen registrando comunicaciones previas de cambio de uso urbanístico y actividad clasificada que son necesarias informar y controlar, no cesando la demanda de información sobre su implantación, ni las quejas ciudadanas, por lo que no se ha detectado una reducción de la dimensión del problema generado por este tipo de actividades», añaden.

En este sentido, y a modo de ejemplo, exponen que entre mayo y agosto de este año se han registrado 234 comunicaciones de viviendas de uso turístico y 42 de alquiler de habitaciones. Una situación que, para la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, hace «imprescindible que se prorrogue» este servicio hasta el máximo legal previsto en la ley, es decir, hasta el 9 de octubre de 2021.

Otra de las tareas de la unidad, y no menos importante, es la de recabar quejas y denuncias sobre la actividad de los pisos turísticos. Sus responsables señalan que al día acuden muchos ciudadanos para recibir información o quejarse. «Debido a la gran afluencia de personas, se decidió implantar un sistema de cita previa con el que, desde su instauración en octubre de 2018 hasta julio de 2019, se han atendido alrededor de 1.000 citas, además de innumerables consultas telefónicas».

La labor que esta brigada lleva a cabo se concentra sobre todo en el Centro y la Parte Vieja, las zonas donde mayor número de viviendas para uso vacacional hay. La UMAC es la que se encarga de la labor 'de calle', comprobando si el piso sobre el que han recibido aviso o denuncia por parte de algún ciudadano tiene licencia de actividad. En caso de no tenerla, se acredita la actividad de piso turístico, solicitando a los turistas el contrato de la estancia, a través de la publicidad de la vivienda en internet...

A partir de ahí, el Ayuntamiento abre el expediente de clausura y se notifica la resolución. Los agentes vuelven a visitar la vivienda en varias ocasiones para asegurarse de que el propietario ha cesado la actividad. Los agentes tratan además de hablar con varios vecinos para confirmar que no ha habido tránsito de turistas. En caso de que el propietario haga caso omiso a la orden de clausura y los agentes detecten que sigue la actividad, proceden al precinto del inmueble.