Las víctimas valoran que el ministro escuche sus reivindicaciones

Las víctimas del terrorismo de ETA acogieron con satisfacción la invitación del ministerio del Interior. Es el primer gesto de Fernando Grande-Marlaska, que siempre les ha mostrado su cercanía. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), la Fundación Fernando Buesa y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) confiesan a este periódico que confían en que la cita sirva para «tomar contacto».

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, considera que hoy es el día para «marcar posición» con el nuevo Gobierno y afirma que su colectivo se presenta con tres peticiones ante el nuevo ministro. Una de las asignaturas pendientes es, a su juicio, que «el final de la banda criminal esté protagonizado por el Estado de Derecho y no por esos actos de propaganda terrorista que hemos visto estos meses, que además han sido consentidos por el Gobierno de Rajoy y apoyados por el Ejecutivo vasco y el PNV». Sostiene que la única manera de acabar con «este circo» sería la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado «para detener hasta el último etarra, y que esa sea la foto del final de ETA. Porque la otra imagen es la de la indignidad». En este sentido, otra de las reivindicaciones de Covite es la detención de los etarras con causas pendientes, «como Josu Ternera, que lleva quince años libre. Es una vergüenza», asegura Ordóñez. En cuanto al acercamiento de los presos, señala que en esta materia su asociación se ha flexibilizado y reclama una sola cuestión: «Aceptamos ese acercamiento de los reclusos siempre y cuando se nos acredite que de forma individual han rechazado la violencia».

Para la presidenta de la asociación, los presos tienen que repudiar los atentados ya que es un requisito fundamental para la reinserción a la sociedad. «Una sociedad que, por otra parte, ha estado homenajeando a los terroristas como si fueran héroes. Hay que terminar de una vez con esto», asevera mientras arremete contra la posible transferencia de la competencia de Prisiones a Euskadi. «¿Por qué el PNV quiere ser ahora el carcelero? Pues para que salgan a la calle. Y esto es impunidad», lamenta. La hermana del concejal asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, no podrá asistir hoy a la cita y en su lugar lo hará Conchita Martín, viuda del primer asesinado tras la tregua de ETA en 1998, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco. En cualquier caso, Ordóñez confía en el nuevo ministro y, pese a sus discrepancias, mantienen buena relación.

Lo mismo opina del nuevo titular de Interior Eduardo Mateo, uno de los responsables de la Fundación Fernando Buesa, que mañana también estará en la reunión con Grande-Marlaska. Asegura que la convocatoria del ministro es una buena noticia y supone «un gesto de cercanía hacia las víctimas». No obstante, la Fundación del dirigente socialista asesinado por ETA no se presenta con ningún posicionamiento previo. «No nos han pedido nada. Suponemos que es una primera toma de contacto y que nos pondrán al día de sus prioridades pero, en todo caso, nos parece positiva la convocatoria», asegura Mateo, que hace hincapié en que la relación de la Fundación con el ministro ha sido «siempre de cercanía».

La Asociación del Víctimas del Terrorismo lleva hoy bajo el brazo una batería de peticiones. Su presidenta, la donostiarra Maite Araluce, confirmó ayer que una de sus reivindicaciones primordiales es la de atender los atentados de ETA pendientes de esclarecer. Una reclamación que ya hicieron al anterior ministerio del Interior para que sus abogados puedan tener acceso a la documentación entregada por Francia. Sobre el posible acercamiento de reclusos, se muestra contraria porque sería «como una victoria de la organización». Además cree «negativa» la experiencia de la vía Nanclares. Y como Ordóñez, exige «un esfuerzo» en la detención de los etarras que están con causas pendientes, «como Josu Ternera, por ejemplo», incide. Sus peticiones aluden también a los beneficios de los presos. «Cualquier solicitud de mejora penitenciaria debe contar con el requisito legal de colaborar con la Justicia». Otra exigencia de la AVT iría encaminada a la búsqueda de reformas legales «para acabar de una vez con los actos de enaltecimiento del terrorismo, como homenajes, pintadas o carteles».