Las víctimas piden a la UE cambios legales para que los etarras colaboren con la Justicia

Después de que los delegados de la Eurocámara recalaran el miércoles en Euskadi -visitaron el Memorial de las Víctimas en Vitoria-, este jueves la comitiva europea aterrizó en Madrid para mantener un encuentro con cinco víctimas de ETA y con representantes de la AVT, Covite y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Precisamente, fue el presidente de esta última, Tomás Caballero, quien trasladó a los eurodiputados la necesidad de impulsar desde la Comisión Europea «una legislación que de verdad incentive esa colaboración» de los presos de ETA para esclarecer los crímenes aún pendientes de resolver y así poder cerrar heridas. «Somos conscientes de que la única vía realista para lograrlo es la colaboración de los miembros de la banda», continuó Caballero, quien pidió que desde Bruselas se articulen los mecanismos que sean necesarios para que «los que conocen los pormenores» de aquellas atrocidades ayuden en la resolución de estos casos. Y puso directamente sobre la mesa la posibilidad de que esa hipotética colaboración se contemple como «determinante para acceder a determinados beneficios penitenciarios» o, por el contrario, para «impedir el disfrute de determinados derechos por parte de los asesinos que hayan cumplido condena pero que no se hayan arrepentido de sus crímenes».

Desde la AVT, su presidenta Maite Araluce -que contabilizó en 15 los casos resueltos con condena en estos diez años sin violencia- solicitó a la UE que se «constante» el número exacto de casos que están sin resolver. Y que, para ello, se tome como referencia aquel en el que no hubiera sido condenado al menos un autor material del atentado. Y aunque el tono fue propositivo, desde la AVT reconocieron su «malestar» con esta misión de la UE porque «se están generando en las víctimas falsas expectativas, como si esa delegación viniera a España a resolver los casos pendientes de esclarecer cuando no es cierto», aseguraron fuentes de la asociación.

Por su parte, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, sugirió una serie de actuaciones a la UE. Entre ellas, que se realice un informe «detallado y minucioso» de cada uno de los sumarios de estas más de 300 víctimas de ETA o que se abra una investigación para «conocer el alcance de la impunidad de los crímenes de ETA en los atentados con heridos».

Además de estas intervenciones, cinco víctimas de ETA cuyos casos están sin resolver relataron ante la misión de la UE su trágica historia. Fueron Antonio Salvá, padre de Diego Salvá; los tres hijos de José María Ryan; Luis Heredero, hijo de Antonio Heredero; Ana Isabel Ortigosa, viuda de Julian Embid; y Vichy Uriarte, hija de Luis María Uriarte.