Urkullu y Aragonès rescatan la vía europea de la Claridad para posibilitar las consultas

La apuesta por la vía de Claridad constituye un importante movimiento en el independentismo catalán, que coincide con la ruptura del Govern de coalición ERC-Junts. La operación responde al agotamiento en ERC de la unilateralidad que ha defendido la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), que sostiene que España no quiere una negociación política y que la única forma de avanzar en este terreno es el desbordamiento de la legalidad.

ERC ha pivotado su estrategia en los últimos meses sobre una dualidad. No renuncia a la unilateralidad pero es consciente de que este camino está cegado por la «represión del Estado español», y se muestra impaciente ante la falta de avances tangibles en la mesa de negociación con el Gobierno. Pero lo que le mueve a dar el paso a Aragonès es que ha llegado a la conclusión de que sin el respaldo internacional a un eventual futuro proceso la causa del independentismo no podrá avanzar en ningún momento.

No obstante, en el ámbito académico hay diferentes opiniones sobre la viabilidad de esta propuesta, que se ha convertido en un nuevo frente de presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reactive el debate del modelo territorial. El catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto López Basaguren se muestra crítico con la traslación de la experiencia canadiense al debate europeo. López Basaguren –que a propuesta del PSE, participó en el equipo de expertos que redactó un borrador de reforma del Estatuto– considera que, en plena guerra de Ucrania, «es muy discutible pensar que Europa va a asumir un debate que acarrea la inestabilidad de sus estados miembros, que lo que precisamente buscan es cómo estar más fuertes y responder más unidos». Desde su punto de vista, la legítima pretensión de las regiones constitucionales de la UE de ampliar su autogobierno dentro del respeto al principio de subsidiariedad «se va a ver lamentablemente contaminada por esta vía de Claridad que no le corresponde a la UE, va en contra de sus competencias y atenta contra el proyecto de integración europea».

Sin embargo, para el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Juanjo Álvarez, la vía de Claridad ha hecho emerger esta coincidencia estratégica, una suerte de alianza tácita vasco-catalana, o al menos de sus dos presidentes. A su juicio, supone una apuesta por la bilateralidad frente a la vía unilateral: «Representa el camino a través del cual intentar que Europa encauce un debate de naturaleza política, la distribución territorial del poder político dentro de las realidades políticas estatales dentro de Europa y el cauce para evaluar una eventual propuesta de secesión o independencia que emergiera desde una unidad territorial subestatal, a través de vías dialogadas, pautadas y normativizadas». En su opinión, supone aceptar unas premisas que aporten seguridad jurídica al proceso: deliberación, diálogo, ni vetos ni imposiciones, preguntas claras y, en su caso, una exigencia de legitimidad democrática del proceso manifestado a través de un quorum mínimo de participación en una eventual consulta.

«El derecho a decidir debe basarse y anclarse sobre la base del logro de un pacto político e institucional que posteriormente habrá de ser ratificado por la ciudadanía», recalca. Álvarez recuerda que «no hay un manual jurídico en la legalidad internacional para las declaraciones de independencia». Y destaca que «estas sobrevienen y adquieren el placet de la comunidad internacional a partir de una doble premisa: que se obtenga sin un uso ilegítimo e ilegal de violencia, y que obtenga un claro y amplio respaldo de la comunidad que emerge como nuevo Estado».