Sortu exige la excarcelación de la mayoría de presos de ETA «en aplicación de la doctrina Atristain»

La formación independentista consideró que la sentencia del caso Atristain dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDEH) por la que se ratificó la condena al Estado español por vulnerar su derecho a un proceso justo y rechazó el recurso que presentó España, a través de la Abogacía del Estado, evidencia que «el régimen de incomunicación» que se le aplicó también lo ha sufrido «la práctica totalidad» de presos de ETA que cumplen condena ahora y también «miles de ciudadanos vascos a lo largo de la historia».

Atristain, que en el momento de su excarcelación había cumplido 11 años de cárcel de una pena de 17 por pertenencia a grupo terrorista y posesión de explosivos, fue detenido a través de una euroorden en Francia en 2010 y, posteriormente, extraditado a España. Ese mismo año, la Audiencia Nacional ordenó su arresto e incomunicación. Durante ese periodo de arresto, «se le asignó un abogado, pero no pudo hablar con él y no le estaba permitido reunirse con ningún consejero legal», apunta el tribunal de Estrasburgo en su sentencia.

Rodríguez, que abundó las palabras del abogado Zigor Reizabal presente en una rueda de prensa en San Sebastián junto al propio Atristain, afirmó que «si no hay derecho a la defensa, no puede haber condena, y si hay condena, esa condena es injusta y debería ser nula». El dirigente de Sortu apuntó la «responsabilidad» del Gobierno español, obligado a cumplir la sentencia, y le instó a «actuar de oficio para abrir vías políticas, judiciales y legislativas para garantizar la reparación» a todas las personas que han visto «vulnerado» su derecho a la defensa, lo que supondría la excarcelación de estos presos. Ayer mismo, fuentes jurídicas confirmaron que la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal ya ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la citada 'doctrina Atristain'. Ha presentado un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la exjefa de ETA a 24 años y medio de prisión por dos atentados en Gijón.

Sortu remarcó que todas estas personas «deben ser reparadas en la medida en que han sido y siguen siendo víctimas de una violación de derechos fundamentales». La reparación, exigió Rodríguez, sería «el cese esa situación de injusticia y que sean puestas en libertad».

Rodríguez se refirió a la «obligación» del Estado en virtud de los acuerdos que tiene en materia legislativa a nivel europeo. «No sería ni justo ni razonable ni equitativo que se obligara a todos estos Xabier Atristain a tener que acudir uno a uno a Europa en busca de justicia», expuso. Sortu avisó de que dará la batalla jurídica y política porque «estamos hablando de una conculcación» de derechos fundamentales y remarcó que «resolverlo de ese modo supondría una aportación cualitativa» a la resolución de la cuestión de los presos y a la construcción de la convivencia democrática.

Sortu introdujo en su discurso el caso Pegasus, que calificó de «inaceptable» porque «un Estado democrático no espía a la gente y, si lo hace, es señal de que no es democrático». A su juicio, en el caso de Euskadi, «y siendo grave esto de lo que estamos hablando, no es más que la punta del iceberg, porque es sabido que en este pueblo el espionaje político ha constituido, al igual que la aplicación de este régimen de incomunicación, una práctica sistemática y generalizada».