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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dirige el pasado día 10 a medios de comunicación a su llegada a la presentación, por parte del Tesoro Público, de su estrategia de financiación para este año zipi / EFE

Los sindicatos prometen a los socios del Gobierno seguir desmontando la reforma del PP

UGT y CCOO intentan vencer las resistencias al real decreto ley que ha de ser convalidado antes de que acabe enero con el argumento de que apoyarlo no implica poner «punto final» a su batalla

Miércoles, 12 de enero 2022, 18:01

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Los sindicatos están dispuestos a fajarse tanto como el propio Gobierno para conseguir que el acuerdo para la reforma laboral plasmado en un real decreto ley el pasado 28 de diciembre no se vea frustrado y sea convalidado por el Congreso de los Diputados. Los socios del Ejecutivo se rebelan contra una estrategia que pasa por forzarles a asumir el texto en sus términos so pena de ser responsabilizados de la pervivencia de la denostada legislación del PP e insisten en que el pacto se queda muy corto y tiene un enorme margen de mejora. UGT y CC.OO prometieron este miércoles que no se darán por vencidos.

Tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el líder de Comisiones, Unai Sordo, aseguraron que los cambios que ahora se ha acordado introducir son solo un «peldaño» en la pelea por desmontar el texto que aprobaron los populares en solitario en 2012 y no un «punto final». «Nada impide, a partir de aquí, continuar abriendo otras negociaciones en la mesa de diálogo para cambiar cuestiones como las causas de despido -adujo Álvarez-. Nosotros lo vamos a hacer y los grupos parlamentarios lo tienen todavía más fácil porque pueden impulsar proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados».

El principal reproche de formaciones como Esquerra o EH-Bildu a la reforma planteada por el Gobierno radica, precisamente, en que no aborda cuestiones que forman parte del núcleo central de la del PP y que los socios de coalición se habían comprometido a derogar, como el abaratamiento del despido o la exoneración de pagar a un empleado despedido de forma improcedente los llamados salarios de tramitación. «Nosotros firmamos un acuerdo para derogar la reforma laboral. Luego nos dijeron que no se podía derogar pero sí eliminar los aspectos más lesivos, pero ni siquiera se ha hecho eso», censuró en ETB1 Arnaldo Otegi.

El Gobierno se ha abstenido hasta ahora de hacer la misma promesa que los sindicatos, entre otras cosas, porque hacerlo podría indisponer para cualquier negociación futura a la patronal, que ya ha tenido serias dificultades internas para aceptar el recién firmado acuerdo. Fuentes de la vicepresidencia segunda también apuntan, en todo caso, que aún se pueden abordar cambios en el mercado de Trabajo en lo que queda de legislatura. Ahora bien, insisten en que el real decreto ley debe convalidarse tal cual y rechazan que sea tramitado como proyecto de ley para introducir enmiendas.

El 'trágala' exaspera a sus aliados. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, admitió en una entrevista en la Ser que lo acordado -las restricciones a la contratación temporal, la obligatoriedad de que los salarios de las subcontratas queden definidos, como mínimo, por lo que recoja el convenio de la actividad desarrollada, la recuperación de la ultraactividad de los convenios en las negociaciones fallidas, la prevalencia de los convenios del sector sobre los de la empresa en materia salarial y la potenciación de los ERTE- mejora la reforma del PP, pero recriminó que eso se use para obligarles a apoyar la reforma y echó en cara al Gobierno que haya convertido ese tipo de argumentos en un «patrón de negociación».

Yolanda Díaz muestra su incomodidad con el apoyo de Ciudadanos y aduce que su reforma va «en contra» de lo que siempre han defendido los liberales

«Yo soy consciente de que la alternativa es mucho peor. Pero el Gobierno no se puede sustentar permanentemente en el miedo a su alternativa. Porque al final estamos siempre simplemente frenando retrocesos, no implementando mejoras y eso para todas las izquierdas es un fracaso», adujo el dirigente republicano. «Esta reforma es incluso peor que la de Zapatero», apostilló.

Esquerra, prioritario

Las principales esperanzas del Ejecutivo para salvar la reforma están puestas, precisamente, en Esquerra porque entiende que será más sensible a la presión de los sindicatos confederales. En el País Vasco CC.OO y UGT no son mayoritarios y esa es una de las razones por las que EH-Bildu y el PNV se sienten menos compelidos por lo suscrito por los agentes sociales y exigen que se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos.

«Nosotros estamos siempre dispuestos a hablar, somos poco sospechosos de frenar avances para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente -insistió Rufián- Ahora, lo que no vamos a hacer, en uno de los dos mayores compromisos de este Gobierno, junto al de la derogación de la ley mordaza, es firmar un cheque en blanco». Así, insistió en que espera que el Ejecutivo acepte modificaciones y citó de manera expresa la necesidad de que la Administración pueda frenar despidos en empresas que han recibido ayudas públicas como Nissan, que el pasado 31 de diciembre cerró sus fábricas en Cataluña.

El 'sí' de ERC podría bastar para convalidar el real decreto si otros socios del Gobierno se abstienen o si Ciudadanos mantiene en pie su oferta de respaldarlo. El apoyo de los liberales, que está condicionado a que no se hagan concesiones a los separatistas, resulta, en todo caso, evidentemente incómodo para Yolanda Díaz. En una entrevista en La 1, la vicepresidenta no se ahorró, de hecho, un dardo: «Esta reforma va en contra de lo que Ciudadanos defendía, mochila austriaca, un contrato único que yo siempre he cuestionado y reducir las indemnizaciones por despido. Si rectifica -esgrimió-, estupendo».

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