Siete magistrados juzgarán a García Ortiz, que se enfrenta a hasta seis años de prisión

Siete magistrados de la Sala Segunda (Penal) del Supremo serán los integrantes del tribunal que juzgará previsibemente a mediados de noviembre al fiscal general del Estado. El presidente será el actual máximo responsable de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que estará acompañado en el estrado de su antecesor en el cargo, Manuel Marchena, y de sus compañeros Antonio del Moral, Susana Polo, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. La ponencia de la sentencia debería recaer en Polo, de sensibilidad progresista, que ya redactó el auto que admitió a trámite por unanimidad la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para abrir una causa penal a García Ortiz.

Esta Sala, en suma, tendrá que analizar los hechos plasmados en el auto de apertura de juicio oral conocido ayer y en los escritos de las acusaciones populares personadas, quienes reclaman entre cuatro y seis años de prisión para el fiscal general por un delito de revelación de secretos.

A esto se añade una solicitud de doce años de inhabilitación para el cargo de jefe del Ministerio Público, como reclama una de las partes, que le atribuye además un delito de prevaricación en concurso medial con otro de revelación de secretos. No obstante, la resolución de ayer avisa de que podrían imponerse otros delitos, como el de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

De todas las acusaciones personadas, la que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la que reclama una mayor condena. En concreto, pide que el tribunal le imponga seis años de cárcel. El resto se quedan en los cuatro años, caso de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el colectivo provida Hazte Oír y Vox.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Alberto González Amador solicita un castigo por revelación de secretos de cuatro años de prisión, que le suspenda de empleo y sueldo por tres años y que le aplique la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. También reclama una multa de 108.000 euros.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce también de acusación popular, solicita la misma condena pero deja la multa en 81.000 euros. Finalmente, el pseudosindicato Manos Limpias solicita cuatro años de cárcel para García Ortiz, así como su suspensión del cargo durante tres años y 216.000 euros de multa, al considerarlo responsable igualmente del delito de revelación de secretos.

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