Sorprende la actitud de resistencia numantina que el presidente Sánchez exhibe para rechazar una prórroga del actual estado de alarma que casi todos sus aliados ... de la investidura reclaman para sus comunidades. El PNV, socio preferente del Gobierno actual, volvió ayer a reclamar en el Congreso el mantenimiento de esta poderosa cobertura jurídica que ampara las medidas excepcionales que los ejecutivos autonómicos aplican para doblar una nueva curva pandémica. Hasta la mismísima coalición EH Bildu, que tradicionalmente ha caminado en las antípodas de la defensa de este tipo de herramientas constitucionales, pedaleó en bloque junto al PNV para reivindicar esta razonable exigencia.
Aunque pudiera parecer que ahora pintan bastos para que la reclamación de los partidos vascos sea finalmente satisfecha por el Gobierno, en los pasillos del Congreso hay quienes piensan que los deseos de Urkullu siguen teniendo peso en Moncloa y que todo no se puede dar por perdido. No hay que olvidar que los jeltzales han caminado a pies juntillas con el Gobierno en la aprobación de todas las medidas contra el Covid-19 y resultaría más que sorprendente que Sánchez dejase al PNV en la estacada cuando en Euskadi se necesita de una sólida seguridad jurídica para acometer las futuras restricciones.
En el debe de Sánchez está el no haber legislado a tiempo una ley sanitaria específica para luchar contra la pandemia que evitara la aplicación de la normativa excepcional. Tampoco el presidente puede basar sólo su gestión en las entusiásticas cifras de una vacunación que sufre inoportunos parones sin haber fortalecido de antemano la estructura jurídica con la que las comunidades lucharán sin la red del estado de alarma. Es mejor rectificar antes de que se celebren las elecciones madrileñas para evitar un uso electoralista de una cuestión que debería estar fuera de la lucha partidista.
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