Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
La futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela obligará a compañías de más de 250 trabajadores a recibir reclamaciones en la lengua vasca
EH Bildu se cuelga una nueva medalla en Madrid por «blindar el euskera». La coalición abertzale ha celebrado este martes haber aprobado con el Gobierno ... central dos enmiendas que permitirán garantizar la atención en euskera en las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general en Euskadi. Este movimiento se enmarca en la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se encuentra en fase parlamentaria y que también incluye los mismos requisitos para el catalán, acordados hace un mes con Junts. Las modificaciones pactadas por EH Bildu, PSOE y Sumar permitirán a los clientes presentar quejas y reclamaciones en las lenguas oficiales de cada territorio –es decir, en euskera en Euskadi, en catalán en Cataluña y en gallego en Galicia–.
La izquierda independentista, que se ha erigido como el socio más fiel del presidente Pedro Sánchez, ha hecho valer sus seis escaños en el Congreso para dar un golpe sobre el tablero en la defensa del euskera. Un tema de actualidad en la política vasca por la falta de consenso entre el PSE y los dos partidos abertzales PNV y EH Bildu sobre las exigencias del euskera para acceder a los puestos de trabajo en la administración pública vasca. La coalición abertzale ha puesto en valor que gracias al acuerdo sellado con el Gobierno central las empresas deberán ahora «garantizar una atención personalizada en euskera y que sus clientes puedan presentar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación en euskera».
En Gipuzkoa hay más de un centenar de empresas que facturan más de 50 millones y que, por lo tanto, cumplirían uno de los dos requisitos de la futura norma pactada. De estas, aquellas que tengan más de 250 empleados deberán garantizar la atención en euskera. Entre ellas, están grandes firmas como CAF, Arcelor, Orona o Ulma. Esos requisitos ya los anunció hace una semana el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuando expuso que la ley de Servicios de Atención al Cliente contemplará que, en los territorios con lenguas cooficiales, se ofrezca la posibilidad de reclamar en esas lenguas.
EH Bildu ha afirmado en un comunicado publicado a última hora de la tarde que las enmiendas firmadas con la coalición de gobierno en España «dotan de efectividad al respeto a los derechos lingüísticos de vascos y vascas, especificando en los artículos clave de la Ley el blindaje del uso del euskera en cuanto a las relaciones comerciales se refiere». En ese sentido, desde la coalición abertzale han añadido que estos nuevos requerimientos para las empresas suponen «un paso más en el camino de asegurar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda vivir en euskera en todos los ámbitos públicos como privados de sus vidas». Un paso imprescindible, han señalado, «para seguir ampliando el uso de nuestra lengua en cada vez más ámbitos y relaciones, en esta ocasión en las relaciones con las empresas».
Junts lo hizo con el catalán
Esta ley, que deberá ser refrendada en el Congreso de los diputados, ya levantó controversia hace unas semanas tras un anunció similar al que ayer hizo EH Bildu. Fue Junts quien el pasado mes de septiembre se enfundó la bandera de la defensa de los derechos lingüísticos tras asegurar que había pactado con el Gobierno central unas enmiendas en las que se blindaba la atención en catalán en las grandes empresas. Un pacto que causó revuelo porque, según la portavoz de los junteros, Míriam Nogueras, su acuerdo iba más allá y obligaba a las empresas de todo el Estado a tener que ofrecer servicio de atención en todos los idiomas cooficiales. «Los catalanes tienen que tener los mismos derechos que un francés o un inglés», dijo Nogueras. «Un pacto político ajeno al interés general», le reprochaban los empresarios.
Posteriormente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encargó de aclarar que eso no sería así y que la obligación lingüística solo recaería en los territorios con lenguas cooficiales.
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