El proceso que se volvió contra 'el régimen'

Estado de excepción. El proceso catalizó un movimiento de protesta que fue especialmente relevante en Gipuzkoa, donde el Gobierno de Franco declaró el estado de excepción el 4 de diciembre. El 1 de diciembre, un comando de ETA había secuestrado en San Sebastián al cónsul de Alemania, Eugenio Behil, en una acción propagandística para internacionalizar la vista. En Gipuzkoa son los sectores de la izquierda no nacionalista los que promovieron las movilizaciones de manera muy activa. ETA había sido diezmada policialmente y los militantes del PCE y de las primeras Comisiones Obreras y del futuro Movimiento Comunista, a pesar de sufrir también las redadas, tuvieron un papel clave, recuerda el librero Ignacio Latierro. La gran paradoja es que, como apunta, después sería ETA y el nacionalismo radical los que capitalizaron aquella contestación social en la que las fábricas y los estudiantes ejercieron de punta de lanza para paralizar la actividad. El día del inicio del juicio, el comercio echó la persiana a partir de la tarde. Durante las primeras horas del día, en la Parte Vieja se habían incorporaron a la huelga la librería Lagun, una perfumería de la plaza de la Constitución, un comercio de efectos navales de la calle San Jerónimo y un establecimiento de regalos de la 31 de agosto que era propiedad de la esposa de Joseba Elosegi.

Las dos asambleas de ETA. En Gipuzkoa, la Policía franquista intentó descabezar la protesta. Días antes había desarticulado la llamada Coordinadora de Banca, que era de Comisiones Obreras. El PCE y ETA, en un movimiento inédito, realizaron un llamamiento conjunto a los paros. Claro que aquella ETA era la de la VI Asamblea, acusada de españolista por los de la V Asamblea. En el juicio se vio ese pulso ideológico en los mensajes internacionalistas de Mario Onaindia o en las arengas a favor de los trabajadores españoles de otros de los acusados. En la primera edición de un libro sobre la historia de Euskadi de Francisco Letamendia, 'Ortzi', ya se reflejaba aquella capacidad de la izquierda obrerista estatal durante aquellos meses. En posteriores ediciones de aquella publicación se obvió esa referencia.

El papel de Monzón. Sin embargo, en la sociedad ya se había sembrando el embrión y el discurso nacionalista radical que exhibía desde San Juan de Luz Telesforo de Monzón rentabilizó con el tiempo las movilizaciones. Se empezaba a construir un entramado civil que durante muchos años fue luego el soporte sociológico del terrorismo de ETA, en especial en Gipuzkoa. El papel de una parte de los abogados –que representaban a todas las sensibilidades antifranquistas– fue decisivo para que cristalizara una cultura frente a la represión. Además, la incipiente división en ETA se abortó pronto con su vuelta a la actividad armada y el ingreso de un grupo relevante de miembros procedentes de EGI-Batasuna, los jóvenes del PNV a partir de 1972.

Muerte en Eibar. En la contestación callejera en Eibar, el viernes 4 de diciembre, Roberto Pérez Jáuregui, un militante del Partido Comunista Internacional (después se convirtió en el Partido del Trabajo de España), era alcanzado por un disparo a muy escasa distancia de un agente de la Policía Armada, que había tomado el municipio armero para reprimir las protestas. Murió el 10 de diciembre con solo 21 años.

Soborno al tribunal. El juicio también acentuó las contradicciones del franquismo. Un concienzudo estudio elaborado por los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y José Francisco Briones desvela un intento de soborno al ponente de la causa, el capitán Antonio Troncoso, para evitar las condenas de muerte. Este análisis, publicado en la revista de historia 'Araucaria', descubre que desde el Ministerio de Información y Turismo, un emisario del ministro Alfredo Sánchez Bella quiso sobornar al acusador con un cargo de vicepresidente del Banco Hipotecario o del Banco de Crédito Agrícola si evitaba las penas de muerte. La oferta fue rechazada. El asunto fue investigado, pero no se pudo demostrar su veracidad.

Insubordinación. El verdadero 'cerebro' del proceso fue el coronel auditor Fernando Suárez de la Dehesa, que preparó la acusación junto a Troncoso. Fernández Soldevilla y Briones revelan que, tras conocer los indultos, se registró un ambiente de casi insubordinación en la Capitanía General de Burgos. El juicio había dado alas a la aparición del búnker en el corazón del franquismo.