Prisiones reduce a «unos 15» los presos de ETA renuentes a la reinserción

El Gobierno reduce a «unos 15 presos» los miembros de ETA encarcelados enclavados en el llamado 'sector duro' que rechaza la vía abierta para poder ser trasladados a cárceles próximas a Euskadi. Un camino hacia la reinserción que implica renunciar a la violencia, reconocer el daño causado y asumir la legislación penitenciaria. No obstante, admite que hay «en torno a otro centenar» que se mantienen «en una indefinición».

Así lo asegura el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en una entrevista con Europa Press en la que niega que existan «presiones políticas» o «un plan trazado» para acercar a los presos de la organización terrorista a penitenciarías próximas a Euskadi y Navarra cuando han transcurrido ya más de dos años desde la disolución de la banda, en mayo de 2018, y casi una década desde que anunciara el cese definitivo de la violencia, en octubre de 2011.

En la actualidad quedan en España 206 personas cumpliendo condena por actos terroristas o actividades vinculadas a ETA.

Ortiz asegura que las decisiones sobre política penitenciaria se deciden «libremente» dentro del marco jurídico, y que los traslados se abordan de forma «individualizada». Recuerda en este sentido que «por ahora no se han planteado recursos en los tribunales, ni por la Fiscalía ni por las víctimas del terrorismo» respecto a estas decisiones.

Más de medio centenar de presos de ETA han sido acercados a cárceles próximas a Euskadi y Navarra, e incluso de estas propias comunidades, durante los dos años que lleva al frente del Gobierno Pedro Sánchez, con Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior. Además, se han producido una decena de progresiones al tercer grado, o régimen de semilibertad.

Una circunstancia criticada por los colectivos de víctimas, que denuncian que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha dado un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo» durante su mandato en la gestión de los presos de ETA. Especialmente en este 2020, en el que ha «acelerado» los acercamientos, incluyendo en ellos a reos con delitos de sangre y trasladando a presos en segundo grado a las cárceles de Pamplona y Martutene, «incumpliendo sus compromisos con las víctimas», según denuncia la AVT, que «sospecha» que este «cambio» este relacionado con el «entendimiento» del PSOE con EH Bildu.

Ortiz responde a estas críticas apuntando que su departamento actúa «con entera libertad, teniendo como guía el marco jurídico. Lo que ocurre es que ese marco establece que en determinadas situaciones hay que progresar a una persona o, en función de su evolución, que esa persona merece ser trasladada de prisión». «Actuamos con arreglo a las propuestas que nos llegan de las juntas de tratamiento, y nos esforzamos en motivar siempre nuestras decisiones», concluye.