Unidas Podemos, ERC y Bildu enmiendan los Presupuestos para regular los alquileres
La formación morada retoma la ofensiva por la Ley de Vivienda junto a sus aliados parlamentarios
Unidas Podemos ha presentado este viernes cuatro enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que emanaron del Gobierno del que forman ... parte. Lo han hecho de la mano de Esquerra y EH Bildu y con el objetivo de que el proyecto de ley incluya la regulación de los alquileres y la prohibición de deshaucios de forma estructural. Un documento al que ha tenido acceso este periódico antes de que llegara al registro del Congreso.
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Aunque era una petición de los morados desde prácticamente el comienzo de la legislatura, tanto PSOE como Unidas Podemos habían decidido desvincular la Ley de Vivienda de las negociaciones de los últimos flecos de las Cuentas Públicas. El objetivo de ambos socios era poder presentarlas en tiempo y forma, antes de que comenzara el nuevo ciclo electoral, marcado por las locales y autonómicas de mayo de 2023. Sin embargo, ahora la formación que coordina de facto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vuelve a la carga con este asunto en forma de enmienda y que se tendrá que dirimir ahora que comienzas las negociaciones entre los grupos parlamentarios.
Con estas enmiendas, presionan a los socialistas para abundar en la regulación del precio de los alquileres planteada en el proyecto de Ley de Vivienda y extenderla a todas las viviendas de zonas declaradas como tensionadas.
Nuevos contratos
En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no deben superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor -para lo cual establecen un umbral de ocho viviendas, y no de diez como plantea el proyecto-, la renta pactada no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios.
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Otras medidas trasladadas en las enmiendas de alquiler busca ampliar a de cinco a siete años la duración mínima de un contrato con un particular, y hasta de doce años en caso de que el propietario sea una empresa, o fijar un límite de plazas de alojamiento turístico hasta el 2% del número de habitantes.
Respecto a la regulación antidesahucios, los grupos proponentes persiguen prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
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