PNV y PSE eluden sus diferencias sobre la Ley de Vivienda y evitan que EH Bildu saque pecho

Jeltzales y socialistas, que no han disimulado en los últimos días sus diferencias sobre esta normativa, optaron por amortiguar sus discrepancias internas. De esta manera, los grupos parlamentarios de PNV y PSE buscaron un entendimiento básico -a través de una enmienda a la totalidad- para desactivar las intenciones de la coalición soberanista que, a través de una moción, exigían la «correcta aplicación» en Euskadi de la norma estatal. De paso, EH Bildu pretendía auscultar la cohesión interna de PNV y PSE sobre esta ley que los jeltzales rechazan abiertamente por entender que incurre en invasión competencial en algunos puntos.

Las fechas preelectorales en las que se desarrolla aún los debates parlamentarios sin duda alguna condiciona las estrategias de los partidos y, en esta ocasión, que jeltzales y socialistas buscaran un entendimiento de mínimos sobre una materia discrepante, se basa principalmente en que la hipotética escenificación de una pelea entre socios en la tribuna hubiera beneficiado a un tercero, principalmente a EH Bildu. Y la estrategia de PNV y PSE consiguió sumar adeptos, ya que el mismísimo PP+Cs se alineó con los partidos del Gobierno, que finalmente sacaron adelante su propuesta, en la que instan al Gobierno Vasco a que, una vez se apruebe la ley estatal de Vivienda, y tras ser analizada por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, el departamento vasco de Vivienda «elabore un documento de aplicación en Euskadi de la nueva Ley en todos aquellos aspectos que puedan suponer incorporación de medidas complementarias al desarrollo del derecho a la vivienda», contemplado en la Ley de Vivienda de Euskadi. Un acuerdo que contentaba a todas las partes y evitaba que saltaran las chispas.

La coalición independentista, en su iniciativa, solicitaba al Gobierno Vasco que, cuando lo posibilitara la futura normativa estatal sobre la regulación de los precios de los alquileres privados, pusiera en marcha un «sistema de control de los precios de los alquileres privados, adaptado a las especificidades de la realidad vasca». Finalmente, su propuesta, respaldada por Elkarrekin Podemos, quedó apeada en la votación con la mayoría absoluta de los socios de gobierno más el apoyo de la formación que lidera Iturgaiz.

La nueva ley cosechó en el Congreso el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG votó abstención. En contra se posicionó el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que alegaron invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.

Entre otras medidas, la Ley de Vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en todo el Estado, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos, e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

En el debate parlamentario, una vez que las posiciones se aclararon de antemano con la enmienda activada por los socios, se pudo entrever las diferencias, sobre todo cuando EH Bildu acusó al PNV por su rechazo de la ley por motivos competenciales, mientras que los jeltzales advirtieron que la nueva ley reduce el «margen de maniobra de las instituciones vascas».