PNV y EH Bildu se enzarzan por el impacto de las propuestas para la reforma fiscal

Tanto el Gobierno foral guipuzcoano como el alavés están en minoría y requieren de un partido de la oposición que apoye la reforma en los dos territorios. No así en Bizkaia, donde jeltzales y socialistas cuentan con la mayoría, pero todo hace indicar que si no hay norma económica en todos los territorios históricos no lo habrá en ninguno para evitar una desarmonización. En las últimas semanas el PP parece haber quedado descartado tras el rechazo del PSE, y tanto Elkarrekin Podemos como EH Bildu parecen haber entrado en todas las quinielas tras el acercamiento de los socialistas. En todo caso, tanto la formación morada como la izquierda independentista han pedido cambios profundos al proyecto.

Mendoza reiteró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno su «disposición total para el acuerdo». Una postura que el PNV mantiene invariable, sin plantear vetos ni líneas rojas, sin decantarse hacia ningún partido y dejando la puerta abierta a todos. La máxima dirigente guipuzcoana recordó que la «negociación solo acaba de comenzar» y que todavía deberán dar muchos pasos para llegar a un pacto», aunque admitió de lo «compleja» que es la operación. Muestra de ello fue la prórroga que pidieron las Juntas Generales de los tres territorios la semana pasada para alargar la fecha de entrega de enmiendas y ganar tiempo en las negociaciones.

EH Bildu, que ha pedido en todo momento que la reforma fiscal recoja los puntos aprobados en la ponencia de Juntas de Gipuzkoa, exigió ayer que la norma económica garantice la «suficiencia financiera» para los ayuntamientos, convertidos en la pieza más sensible del entramado institucional, la más cercana a la ciudadanía –«a la que estamos obligados a ofrecer una vida digna»– y la que, según apuntaron, puede ser la mas afectada por la bajada de la recaudación tributaria.

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, explicó que el incumplimiento de las previsiones de recaudación, hasta en un 5% menos, va a suponer que los ayuntamientos tengan que devolver parte de las aportaciones económicas que han recibido, «lo que supone poner en peligro el principio de suficiencia financiera para la administración más cercana a la ciudadanía». Además, subrayó que esta situación puede repetirse en un 2025 marcado por la incertidumbre económica.

Mendoza opinó que la postura de la formación soberanista es «incoherente» con las propuestas que han presentado para la reforma fiscal. «Por lo tanto, si su preocupación es el impacto en la recaudación, su posición va precisamente en la línea contraria de lo que dicen», indicó.