Un paseíllo con poco sabor político

Los nuevos tiempos han llegado al Día de Gipuzkoa. Los mensajes políticos tradicionales de esta cita anual en Azpeitia se han quedado atrás. Ni hubo presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, ni alusiones políticas en la homilía del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. La única estampa que se repitió en este acto institucional, el primero tras la desaparición de ETA, fue la de la concentración de unos doscientos miembros de la asociación de familiares de presos Etxerat, en las inmediaciones de la basílica de Loiola.

Urkullu no pudo asistir a la celebración por coincidir con otro compromiso en su agenda que, según aseguraron, no logró cambiar. Pese a no ser la primera vez que el lehendakari se ausentaba de este acto -en 2015 no estuvo por encontrarse de viaje oficial en Boise, EE UU-, nunca había fallado a esta cita estando en Euskadi. Así, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, y María Jesús San José, consejera de Trabajo y Justicia, cogieron su testigo en representación del Gobierno Vasco.

Pero, tras el paseíllo por el municipio junto a la comitiva de autoridades, cuando llegó el momento de lanzar el mensaje institucional, Tapia se limitó a anunciar la postura del Ejecutivo vasco sobre la crisis entre los taxistas y los vehículos de transporte con conductor (VTC). A diferencia de lo que tenía acostumbrado el lehendakari, ningún mensaje político esta vez. Evitó por ejemplo, referirse a la cuestión del nuevo estatus, pese a la pregunta de los periodistas.

Influida por la presencia frente al Ayuntamiento de un centenar de jubilados de la plataforma de Costa-Urola que exigían «una pensión pública digna de 1.080 euros», Tapia sí habló de que «se ha trabajado en el Congreso de los Diputados para conseguir subir las pensiones, al menos ese IPC», pero, en todo caso, dijo, «la competencia y la responsabilidad» sobre este asunto «está en Madrid». La consejera también respondió a una pregunta sobre la reclamación de Euskadi del traspaso del Puerto de Pasaia, y reconoció que la «transferencia es complicada», pero aseguró que hay voluntad por parte del Ministerio de Fomento a analizarla.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV); la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el teniente de diputado general, el socialista Denis Itxaso, y el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria (EH Bildu) lideraron también la representación institucional, entre otros. El expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, también acudió al santuario azpeitiarra.

Olano aprovechó su presencia en el Día de Gipuzkoa para hacer un balance de este año político del territorio. Hizo un llamamiento al conjunto de la sociedad y a la clase empresarial para que continúe el esfuerzo en la mejora de la calidad del empleo y calificó de «magnífica noticia» la reducción del desempleo en Gipuzkoa por debajo de los ocho puntos, ya que ese era, según explicó, uno de los objetivos fijados por el Gobierno foral en su plan de gestión.

Ante la ausencia del lehendakari, Naike Díez, portavoz de la asociación de familiares de presos Etxerat e hijo del exlíder del sindicato LAB y también exrecluso Rafa Díez Usabiaga, entregó una carta a Tejeria con las peticiones al Gobierno Vasco. Díez no desveló el contenido por no poner en «compromiso» a ambas partes, pero llamó a «acabar con la política de dispersión».

Quien no habló de presos ni de víctimas fue el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Su homilía estuvo muy alejada de la actualidad política: siguió un hilo mucho más espiritual. Puso en valor las «profundas raíces cristianas» de «los padres fundadores» de la Unión Europea, como Konrad Adenauer o Alcide de Gasperi, cuya «vida y legado» considera «importante» conocer para que Europa «no termine por convertirse en un cuerpo sin alma».