La operación 'cerrar el círculo' echa a andar

La discusión acaba de arrancar y el propio lehendakari Imanol Pradales ha anunciado la búsqueda de 'nuevos espacios de confianza' entre los partidos políticos vascos. En primer lugar un trabajo discreto en la 'cocina' que debe afrontar un difícil equilibrio en un contexto político de fuerte efervescencia y polarización en la política española y con un pulso entre el PNV y EH Bildu por el liderazgo nacionalista.

El nuevo pacto estatutario afronta una encrucijada bien trascendental. O bien se aborda una reforma 'técnica' del Estatuto que blinde algunas competencias y nuevos derechos. O bien vamos a una reforma de mayor calado que perfeccione el sistema autonómico español. Esta segunda variable implicaría activar la revisión del modelo sobre la base del reconocimiento nacional de Euskadi, el establecimiento de un nuevo sistema de garantías, de la plurinacionalidad y del afianzamiento de la bilateralidad, Pero la madre del cordero del debate sigue siendo el derecho a decidir, que el PSE y el PP rechazan de plano porque no encaja con el ordenamiento constitucional y haría falta una reforma del mismo que ahora se antoja inviable.

Para el catedrático Daniel Innerarity sería factible alumbrar un nuevo pacto estatutario. «Si dependiera de la voluntad, podríamos encontrar una solución, yo mismo me ofrezco a resolver el conflicto en media hora», asegura con un punto de ironía desde los Pirineos, en plena travesía de montaña.

A su juicio, hay que partir de reconocer una desmovilización ambiental. «En su momento», recuerda, «se hizo un trabajo parlamentario demasiado centrado en lo jurídico, y claro que hay disfunciones en el momento actual, pero sería conveniente una reflexión colectiva porque el elefante grande que está en la habitación se llama Poder Judicial, con una Juristocracia que se ha convertido en un problema, no en una solución. En ese sentido la política no lo ha hecho bien».

Innerarity, en todo caso, se muestra muy escéptico por las posibilidades de que la Unión Europea funcione como una instancia que facilite un entendimiento. «Sinceramente no le veo recorrido a una ley de Claridad, la UE está en otros debates», dice.

El profesor Iñigo Urrutia, propuesto en su momento por EH Bildu en la comisión de expertos, sitúa en el campo de los partidos la gestión de los posibles acuerdos. En su opinión, ahora sí sería el momento adecuado para dar un paso en esa dirección y recuperar con ambición un impulso «teniendo en cuenta que tenemos un autogobierno incumplido y devaluado». Para Urrutia, es posible ensanchar determinados conceptos jurídicos sobre la plurinacionalidad y la bilateralidad «y propiciar nuevos entendimientos que resulten integradores». Desde su punto de vista, técnicamente es posible blindar el autogobierno de los riesgos que planean. «La cuestión es si hay voluntad, estamos ante una buena oportunidad porque las posiciones no están tan alejadas».

Urrutia reconoce que en su momento su aportación estaba más cerca de la de Mikel Legarda, propuesto por el PNV, que la de Alberto López Basaguren, por el PSE. Pero no excluye que el entendimiento sea factible. «Leyendo detenidamente la letra pequeña de los trabajos que en su momento elaboramos», señala Urrutia, «no estamos ni mucho menos tan alejados como parece que apunta le letra grande». En su opinión, la posibilidad de un nuevo Concierto político que plasme la bilateralidad y la plurinacionalidad podría servir para generar una nueva cultura . «Recordemos que el propio Estatuto posibilita hacer consultas si no son reformas sustanciales del mismo. Margen técnico para un cambio de estatus sí hay».

José Ramón Beloki se muestra abiertamente pesimista sobre la consecución de un nuevo pacto estatutario. «En las coordenadas en las que se mueve hoy la política en España no veo mimbres suficientes para un pacto estatutario que responda a las necesidades actuales y de futuro. Cuando ni se completa el pacto estatutario vigente, ni puede siquiera desarrollarse una actividad legislativa seria, no lleva a ningún sitio soñar con renovados pactos estatutarios».

Beloki confiesa: «Yo soñé con que el final de ETA viniera acompañado de una especie de segunda transición en cuyo marco pudiera desarrollarse un nuevo pacto estatutario a la altura de los nuevos tiempos y necesidades. Pero ETA acabó –lo acabaron, unos y otros– como acabó, de forma deshilachada, y se perdió esa oportunidad, además de que quedaron sin resolver otros problemas. Y ahí seguimos».

Beloki señala que «seguimos teniendo entre manos, aquí en Euskadi, en Cataluña y en el Estado en general, problemas que merecen ser abordados con la altura de miras de renovadas transiciones o renovados pactos estatutarios al estilo de los que se construyeron en los tiempos de la llamada Transición española. Y cuanto antes se aborden, mejor». Pero, aclara, «tienen que reunirse condiciones. Entre esas condiciones, está que aquí en el País Vasco se aclaren y pongan de acuerdo las fuerzas políticas, si no todas, sí la inmensa mayoría sobre los contenidos de ese pacto. Y, a la hora de aclararse, todos, especialmente los nacionalistas, tienen que tener claro no sólo qué van a demandar del Estado para el País Vasco, sino también qué es lo que están ellos dispuestos a aportar al Estado. Un pacto exige movimientos por ambos lados».

La reforma del Estatuto sería conveniente, según Alberto López Basaguren, experto propuesto por el PSE para la elaboración del anteproyecto y un estudioso de los sistemas federales en el mundo. Lo tiene claro. Se puede plantear como simple reforma 'funcional'; es decir, actualizar las cuestiones que no se tuvieron en cuenta en su momento, por desconocimiento de lo que supondría el sistema autonómico o por la evolución de la sociedad. En este ámbito cree que emerge una cuestión que puede destacarse –aunque no sea la única-: los derechos. Pero debiera ser, y opina que al mismo tiempo, el momento de construcción de un consenso político renovado. Difícil que, si la reforma es solo 'funcional', pueda tener ese significado. En este sentido, tendría que ser la oportunidad para tomar la iniciativa de una propuesta de reforma del conjunto del sistema autonómico, indispensable para afrontar el futuro. Pero exigiría que se afrontase desde la perspectiva del conjunto y desde el interior de la lógica constitucional: la consolidación de un sistema federal que resuelva los problemas fundamentales que tiene el sistema. Si no se hace así o si solo se piensa en garantizar la excepcionalidad de Euskadi estará abocada al fracaso, opina el catedrático.

En cuanto han pasado las elecciones, López Basaguren recuerda que EH Bildu ha sacado a primera línea la bandera del 'nuevo estatus', con las cuestiones que lleva aparejadas, y ha propuesto hacerlo entre nacionalistas. «EH Bildu quiere recuperar el acuerdo con el PNV sobre las bases de la reforma que se aprobaron en la ponencia parlamentaria, tirando a la basura el trabajo del grupo técnico y el consenso allí alcanzado a tres. Era la única base firme para afrontar la reforma de forma viable, útil e integradora. No parece que tenga posibilidades».

Y es que, para López Basaguren, con la composición actual del mapa político, mientras EH Bildu siga planteando las cosas así, abordar una reforma con menos consenso que en 1979 es problemático. «Y pone en evidencia la irresponsabilidad del PNV por no haber aprovechado la coyuntura del mapa político cuando el grupo técnico puso encima de la mesa el borrador de anteproyecto de reforma. Entonces era posible un consenso a tres –incluido Podemos– que interpelaría a EH Bildu en unas condiciones que hoy no son posibles. Se perdió, irresponsablemente, aquella oportunidad. Ahora pagaremos las consecuencias».

Lo primero que debería abordarse, cree Ramón Rabanera, es un trabajo previo de cocina entre los partidos políticos. Sobre todo, cree el exdiputado general de Álava, si se trata de mantener el consenso de 1979 y no de perder apoyos. En opinión del histórico dirigente del PP , no le ve a EH Bildu en la ampliación del acuerdo más allá de que la base del entendimiento tiene que pivotar en el reconocimiento de la pluralidad ideológica y territorial del País Vasco.

Rabanera considera, por ejemplo, que el mismo Concierto Económico, y el consiguiente Cupo son los mejores instrumentos que garantizan la bilateralidad de la que tanto se habla. Para Rabanera, el empecinamiento de determinados discursos sobre el autogobierno responde a un discurso vacío, y sin contenido. Sobre todo porque, en su opinión, la ciudadanía está preocupada por las cosas reales de la vida y del trabajo: las pensiones, el empleo, la salud, «y no está obsesionada por esas palabras vacías ni por el marco jurídico. La gente no se despierta pensando en el nuevo estatus, que es un mantra reiterativo que no resuelve problemas».

El asunto de fondo, recalca, es que el Concierto no se ha utilizado para mejorar la autonomía vasca. En todo caso, tal y como propuso en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco en su momento, haría falta una mayor clarificación de competencias entre las diferentes administraciones para evitar solapamientos y duplicidades entre el Estado, el Gobierno Vasco, las diputaciones y los municipios.

La profesora de Ciencia Política de la UPV Arantxa Elizondo ve difícil la consecución de un nuevo pacto estatutario. En su momento, elegida por Elkarrekin Podemos para el grupo de expertos, participó en los trabajos de la legislatura 2016-2020 en esta materia y sitúa ahora la pelota en el tejado de EH Bildu. «La pregunta es si ese mundo asume una reforma del Estatuto de Gernika acordada entre el PNV y el PSE porque, aunque en Euskadi ha bajado mucho el nivel de crispación y el apoyo a la independencia está bajo mínimos, no tengo claro que el posibilismo que ahora exhiben sea ahora claramente mayoritario entre su electorado y entre su base sociológica», opina.

Elizondo opina que es una incógnita saber si en EH Bildu puede gestarse una aproximación hacia un procedimiento jurídico compartido, que es la clave de bóveda de un nuevo consenso sobre el autogobierno que sea viable con la legalidad, es decir que sea al final negociado con las instituciones del Estado y, finalmente, sancionado en un referéndum para ser incorporado al ordenamiento legal.