El modelo penitenciario vasco tratará de forma «idéntica» a los presos de ETA y a otros reclusos

La consejera de Igualdad y Justicia, Beatriz Artolazabal, fue la encargada de presentar las bases del nuevo modelo penitenciario vasco ante el Consejo de Gobierno. También remitió el documento al Parlamento y registró una petición de comparecencia para presentar las bases en la Cámara. Además, la consejera ha activado un proceso para mantener contactos con todos los agentes del ámbito de las tres prisiones vascas. Este mismo sábado, Artolazabal participará en un acto con una veintena de colectivos que trabajan alrededor de las cárceles, en la que estará acompañada por el juez Jaime Tapia, que ha sido fichado por el Departamento de Justicia como asesor para desarrollar el nuevo modelo penitenciario vasco.

El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el modelo penitenciario que desarrollará el gabinete vasco estará dirigido a la «reinserción y resocialización» de los reclusos. Subrayó que es la vía «más adecuada» para los propios reclusos y para la «seguridad» de la sociedad.

Las bases del modelo penitenciario vasco, a las que ha tenido acceso este periódico, toman como punto de partida las 59 resoluciones que el Parlamento aprobó en 2019 en previsión de una pronta transferencia de Prisiones, además de apoyarse también en diversos instrumentos jurídicos internacionales. El documento se marca el objetivo de mostrar a la sociedad vasca que este traspaso «revierte en el bienestar de las personas privadas de libertad; mejora la protección de los derechos e intereses de las víctimas; y consigue una sociedad más segura, libre de más delitos».

Documento completo:

Entre los retos globales que se plantea el documento están los de «conseguir que un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad» para «alcanzar su eficaz inclusión social»; que se produzca «un compromiso y una exigencia personal de esas personas en su proceso de reinserción»; «proteger más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas»; «obtener una mayor seguridad pública»; y «lograr que la ciudadanía tenga una mejor percepción con relación al sistema penitenciario».

Entre las líneas de actuación prioritarias, hay un epígrafe que se refiere al tratamiento en casos de condenas de larga duración, que es donde se inserta la referencia a los presos de ETA. El texto comienza diciendo que se debe «analizar la resocialización en el entorno comunitario de personas con condenas de larga duración atendiendo a su arraigo». Y añade que el tratamiento de los condenados por «delitos de terrorismo como miembros de ETA ha de ser sustancialmente idéntico que el que se realice con otras personas que estén internadas en los centros penitenciarios del País Vasco». Por ello, «las decisiones y medidas contenidas en este documento podrán ser también aplicables a aquellas».