Gobierno vasco y central colaborarán con los aeropuertos ante la imposibilidad del traspaso

El hecho de que el 49% del gestor aeroportuario Aena, que cotiza en Bolsa, provenga de fondos de inversión privados (el 51% sí pertenece al Estado) dificulta sobremanera el traspaso íntegro. También ha sobrevolado la posibilidad de que Euskadi pueda tener participación a través de una filial, aunque esta opción está descartada. Es más, fuentes del ministerio reiteran a este periódico que no está sobre la mesa la transferencia de una competencia, porque, «según marca la legalidad, la gestión pertenece a Aena». En el mejor de los casos, apuntan, existiría «una especie de colaboración bilateral». Y especifican que lo que se va a hacer es «profundizar en las competencias de los comités de coordinación aeroportuaria –que ya existen– con nuevas funciones». «Eso no significa que Euskadi vaya a tomar decisiones», afirman con rotundidad.

Ubarretxena ha reconocido este miércoles que existen «obstáculos» en la negociación, pero se mostró optimista en cuanto a las opciones del Gobierno Vasco. «La experiencia nos demuestra que, con voluntad y acción política, se pueden superar los obstáculos y creemos que ahora también será posible», ha asegurado. En ese sentido, ha recordado tras la comisión que existen fórmulas y precedentes en otros ámbitos como en el sector gasístico, que pueden servir como referencia. «Porque los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole y debemos superarlos», ha espetado.

La consejera ha anunciado que el Gobierno Vasco contará en las reuniones con la «ayuda y apoyo» de una comisión de expertos; un equipo con experiencia técnica y jurídica, en el que participan Ortzibia, Bilbao Air, Via y especialistas en derecho mercantil. «Su trabajo será clave para diseñar el futuro del sistema aeroportuario de Euskadi», ha reforzado Ubarretxena. El aeropuerto de Hondarribia estará representado por Ortzibia, que es la Sociedad Promotora de esa instalación y está constituida por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral, los ayuntamientos de Donostia, Irun y Hondarribia y Cámara de Gipuzkoa. El objetivo de esta sociedad es el «desarrollo de actividades económicas y empresariales que contribuyan a la mejora e incremento de los servicios del aeropuerto, lo que redundará en el desarrollo socio-económico y mejora de la competitividad del territorio».

Ambos ejecutivos firmaron en julio, en momentos previos al encuentro que Pradales y Sánchez protagonizaron en Moncloa, un documento en el que se acordó «establecer mecanismo de participación en materia aeroportuaria que faciliten una mayor implicación interinstitucional», además de reforzar la «cogobernanza». Entre los aspectos «estratégicos» plasmados en ese documento, se apunta a la participación de Euskadi en «nuevas rutas, incentivos o inversiones» en los tres aeropuertos vascos. También la supervisión de la calidad del servicio, la coordinación logística con trenes y autobuses o la sostenibilidad ambiental.

Unos objetivos que han quedado hoy plasmados en la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias, donde se ha acordado presentar los resultados de los trabajos a la Comisión Bilateral de Cooperación en 3 meses. Para entonces el Gobierno central tendrá que haber completado las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Una tarea laboriosa porque el tiempo apremia, aunque desde Lakua señalan que el Ejecutivo de Sánchez no ha pedido ninguna prórroga.

La consejera ha anunciado que la semana que viene volverá a Madrid para entregar en mano, el próximo miércoles 8 de octubre, al ministro Ángel Víctor Torres la documentación de las diez propuestas elaboradas por el Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes. Otoño se presenta clave para acelerar ese proceso con el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social como uno de los nudos gordianos, una vez desbloqueada en septiembre la gestión de las prestaciones por desempleo.