Pradales pide a Sánchez que «ponga orden» tras cuatro traspasos pero sin acuerdo sobre el paro

Ambos ejecutivos acordaron el traspaso de las prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento y de la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, todo ello dentro del primer bloque de la Seguridad Social. Con anterioridad el Gobierno Vasco ya logró el control de otras prestaciones sociales no contributivas a cargo del Estado como el Ingreso Mínimo Vital. En todo caso, no hubo entendimiento acerca de las prestaciones de desempleo, el nudo gordiano de la reunión y que supone la mayor parte económica de este primer bloque: 800 millones de euros anuales. Algo que dejó un poso de decepción en el Gobierno Vasco. «Seguimos observando concepciones centralistas que no se corresponden con los acuerdos alcanzados», criticó el lehendakari.

A la complejidad técnica que ya de por sí tiene la transferencia de la Seguridad Social, se le añade que el Gobierno Vasco ha tenido que lidiar con el obstáculo político de negociar con dos ministerios distintos. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la socialista Elma Saiz al frente, y el de Trabajo y Economía Social, encabezado por la líder de Sumar Yolanda Díaz. Es precisamente este último con el que el Ejecutivo de Pradales no ha logrado llegar a un acuerdo. El lehendakari, de hecho, pidió a Sánchez «un mayor liderazgo y coordinación en su Gobierno que remueva los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando».

A pesar de las discrepancias que pudieran existir, el acuerdo de investidura firmado por PNV y PSE obliga al Gobierno central a completar las transferencias pendientes a Euskadi antes de finales de este año. La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena –presente en Moncloa este martes–, se mostraba «positiva» el pasado martes, aunque reconocía que existe «cierto miedo escénico» en Madrid derivado de la interpretación «histórica» de que la transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social –contemplada en el artículo 18 del Estatuto de Gernika– pueda suponer «la ruptura de la 'caja única'».

Además, Gobierno Vasco y central llegaron a un acuerdo para el envío a Euskadi de las funciones y servicios en materia de Salvamento Marítimo y el traspaso a Euskadi del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNMV). En todo caso, Pradales indicó que, por una parte, se ha avanzado y se han alcanzado «acuerdos muy relevantes de la agenda vasca», pero, por otro lado, subrayó que este paso adelante no se corresponde completamente con los objetivos que habían acordado en noviembre de 2024.

También se trataron otras cuestiones como la oficialidad del euskera en Europa, sobre lo que Pradales pidió que «sigan trabajando por la vía diplomática para alcanzar el consenso entre los estados miembro». Asimismo, el gabinete vasco volvió a poner el foco en que el Gobierno central impulse la Macrorregión Atlántica.

Pradales también abordó en La Moncloa con el presidente la situación tras el estallido del presunto caso de corrupción que afecta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, por lo que le exigió un compromiso con la «ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas», alertando de que «la confianza hay que abonarla todos los días». El lehendakari subrayó que es «innegable» la gravedad de lo sucedido e incidió en «perseguir al que la hace, hacerse preguntas incómodas, tener mil ojos abiertos y ser valientes».

EH Bildu reaccionó ayer a los pactos alcanzados por el Gobierno Vasco y los consideró «parciales e insuficientes». La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, destacó los «acuerdos de calado», aunque advirtió de que «el reloj corre». Algo que también recalcó Pradales, quien aseguró que «deberá celebrarse una nueva reunión» en cuatro meses, tras esperar que lo de este martes marque un «punto de inflexión».