El Gobierno blinda a la ministra de Igualdad pese a admitir ahora «incidencias» con las pulseras

El Gobierno, confiado en que la bandera de Gaza ha recargado el oxígeno de la legislatura del presidente Sánchez -en una semana, además, en la que su participación en la Asamblea anual de la ONU en Nueva York le ofrece escaparate a su política exterior-, ve cómo van pasando los días y no logra sacudirse la sombra de la sospecha sobre su gestión en un terreno, además, particularmente delicado. Por su significación social y por el desaguisado que supuso la excarcelación de un millar de agresores sexuales a cuenta de una laguna en la ley del 'solo sí es sí' patrocinada por la anterior responsable de Igualdad, la dirigente de Podemos Irene Montero. Es más, el señalamiento ha ido a peor desde que la memoria de la Fiscalía General destapara que un fallo técnico en la mudanza entre el anterior proveedor -Telefónica junto a Securitas Direct- y el nuevo -Vodafone y Securitas- borró información previa al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento, lo que provocó «una gran cantidad» (el Ministerio Público no la cifraba) de sobreseimientos y absoluciones de encausados.

Esa falla ha actuado como una suerte de altavoz de las deficiencias generales en la cobertura de las pulseras, apuntadas ya por este periódico hace dos años, y que interpelan al ministerio tanto bajo la dirección de Montero como bajo la de Redondo ahora. Fue, de hecho, la primera la que avaló una adjudicación puntuada por los técnicos con un 3,6 sobre 10 en lo que a las garantías de una correcta «transición» se refiere, mientras que la responsable socialista se hizo cargo de la misma cuando se produjo el boquete en la migración del que nada se supo hasta que no lo plasmó, negro sobre blanco, la Fiscalía. Sobre su afectación, Redondo había cuantificado en "un 1%" la repercusión -es decir, 45 mujeres sobre las 4.500 que, de forma pareja a sus agresores, portan las pulseras por decisión judicial- para tratar de minimizar el impacto y negar que ninguna víctima corriera peligro. Hoy, Alegría ha referido "cinco meses" en los que "los datos no estuvieron accesibles para todos los juzgados".

La catarata de quejas sobre la operatividad general del modelo en la que ha desembocado ese vacío en la información acumulada producto del cambio de proveedor -ya solventado- ha ido forzando a la ministra Redondo y hoy a la portavoz a pasar de negar la mayor a asumir que "ninguna tecnología es infalible" y que ésta tiene áreas de "mejora" para "minorar las incidencias". Pero el Gobierno no se descabalga de que esas "incidencias" en los dispositivos de protección no han generado inseguridad alguna en las afectadas "antes, durante y después". Ni tampoco en responsabilizar a "los bulos vergonzosos y bochornosos" del PP -Redondo cargó el viernes contra la Fiscalía- del alarmismo suscitado, a su juicio, de manera injustificada.

Alegría se ha apoyado en las afirmaciones de los populares sobre los riesgos a que habrían quedado expuestas las víctimas y en un tuit en el que los de Alberto Núñez Feijóo rescataban el caso de una asesinada para especular con una eventual deficiencia en su pulsera -las 21.000 amenazadas que las han llevado desde 2009 continúan vivas- para reprobar con dureza al primer partido de la oposición por proferir "mentiras". La también ministra de Igualdad, que ha sorteado la pregunta sobre si el Ejecutivo cree que tiene alguna responsabilidad en lo ocurrido, ha enfatizado que "la verdad se abra camino".