Gobierno y Ayuntamiento de Donostia amplían los plazos para cerrar los cuarteles de Loiola

La venta de los terrenos de los cuarteles de Loiola al Ayuntamiento de Donostia fue la principal cuestión que pactó el PNV en el Congreso durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del presente año. Lo hizo a través de una enmienda parcial a las Cuentas que el Ejecutivo de Sánchez finalmente aceptó el 24 de noviembre de 2020, de ahí que en apenas una semana se vaya a cumplir un año de aquel acuerdo. La enmienda era muy clara: «El Gobierno culminará, durante el ejercicio 2021, la enajenación al Ayuntamiento de Donostia de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loiola». Pero, como ocurre tantas veces en este tipo de negociaciones, los avances logrados en este último año no han sido suficientes para que el pacto vaya a cerrarse en el plazo establecido inicialmente.

La adquisición de las 23 hectáreas de Loiola que ocupan los cuarteles del Ejército de Tierra ha sido una reivindicación histórica del Ayuntamiento de San Sebastián para impulsar el desarrollo urbanístico de la vega del río Urumea, por lo que el consistorio no quiere impacientarse ahora que el acuerdo puede ser cuestión de meses. Fuentes de Alcaldía priman la «disposición al acuerdo» que perciben en el Ministerio de Defensa sobre un posible retraso en el calendario inicial que, una vez que se firme el acuerdo final, puede ser anecdótico. El propio alcalde, Eneko Goia, ya avanzó en una entrevista en este periódico que «después de 30 años esperando, tampoco pasaría nada si la negociación se alarga tres meses más».

El principal escollo para alcanzar un acuerdo –como es lógico en cualquier proceso de adquisición de bienes– es el precio que el Ministerio de Defensa quiere cobrar por enajenar los terrenos de Loiola. En este caso, además, no es solo una cuestión de que el Ayuntamiento ponga un precio y lo abone, sino que el montante final depende mucho del propio desarrollo urbano que se le pretende dar a la zona. «No es lo mismo que todas las hectáreas fueran a destinarse a construir viviendas libres, por ejemplo, a que el 40% sean de VPO o con espacios sin edificar», apuntan desde el Ayuntamiento para explicar que el rendimiento futuro de la urbanización de la zona tiene su repercusión en la valoración del solar.

Desde el consistorio donostiarra recalcan, en cualquier caso, que las negociaciones con el Ministerio de Defensa «van por el buen camino». La comisión técnica que se creó hace meses ha avanzado en cuestiones como definir los límites de la propiedad, la superficie construible total y otras cuestiones sobre plano. También se han entablado conversaciones con URA, la Agencia Vasca del Agua, con el objetivo de conocer qué obras habrá que acometer en la curva del río dentro del plan de prevención de inundaciones. El actual puente que conecta los cuarteles con el barrio de Loiola debería ser sustituido por uno nuevo y, además, se construiría al menos otro puente.

Lo sorprendente es que, por el momento, en la negociación entre el Gobierno y el Ayuntamiento no se ha tratado un posible emplazamiento alternativo de los actuales cuarteles de Loiola, porque Defensa no ha puesto el tema sobre la mesa. Hace un año, cuando se conoció el acuerdo para enajenar los terrenos, el Ministerio apuntó al solar que ocupa la Hípica de Loiola –propiedad del Ejército– como posible alternativa, pero en los últimos meses esa opción ha perdido enteros. Ahora mismo no hay ninguna propuesta para buscar otro emplazamiento para el Ejército de Tierra en suelo donostiarra.