La Fiscalía defiende la prescripción para los exjefes de ETA procesados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

«Cualquier norma procesal que suponga la restricción de derechos jamás puede tener efecto retroactivo», incidió el fiscal para luego concluir que si bien conoce que su postura es «impopular» considera que es «más importante defender las garantías del Estado de Derecho (...) y no tolerar una merma de garantías que amparan a todos». De esta manera, la Fiscalía se unía a la defensa de los procesados en que el asunto se debía archivar sin entrar en el fondo dado que los hechos están ya prescritos. La cuestión procesal abordaba ayer del recurso de los dirigentes etarras contra el procesamiento de la causa, instruida en su día por el juez Manuel García Castellón, recientemente jubilado.

Las acusaciones particulares y populares de la causa en la que se investiga la presunta responsabilidad de varios exjefes de ETA en el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco sostuvieron que los hechos analizados no prescriben tras la modificación del Código Penal de 2010, mientras que la Fiscalía y la defensa de los ex miembros defendió su archivo sin entrar en el fondo dado que los hechos están ya prescritos.

La Audiencia Nacional estudia si deja sin efecto el procesamiento de los exjefes de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparragirre, 'Anboto'; e Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', por su presunta responsabilidad en ese secuestro y asesinato. El juez Manuel García Castellón procesó en su día a cuatro exmiembros del comité ejecutivo de ETA -los tres citados y José Javier Arizkuren, 'Kantauri'- al considerar que se daban los requisitos de la autoría mediata por dominio de la organización. Es decir, que los exjefes de la banda estuvieron implicados en el asesinato en tanto que, como máximos dirigentes, podrían haberlo impedido.

El caso de 'Kantauri' queda fuera de esta vista, puesto que el que fuera dirigente de la banda terrorista ya fue procesado por estos hechos, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por el juez Eloy Velasco en 2016, cuando no habían pasado 20 años del asesinato.

El fiscal del caso, Carlos García Berro, subrayó que el tribunal debe decidir sobre la prescripción ahora y no dejarlo para un momento posterior dado que ya cuenta con todos los elementos fácticos y puesto que un retraso imputable al Estado podría llevar a concluir que se ha incumplido el derecho de toda persona a ser oído por un tribunal imparcial en un plazo razonable que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sobre si la reforma del Código Penal de 2010, que convertía en imprescriptibles los asesinatos con resultado de muerte, es aplicable, Berro sostiene que no puede aplicarse al caso dado que los hechos acaecieron en 1997, por lo que no puede haber una retroactividad de la modificación legislativa.

La defensa de los encausados incidieron en que su recurso contra el procesamiento se fundamenta en el hecho «claro e incontrovertido» de que desde julio de 1997 hasta que se dirige la causa contra sus representados, 6 de febrero de 2022, han pasado más de 20 años y sin interrupción de la prescripción.

La acusación ejercida por el PP, dirigida por el abogado Jesús Santos, sostuvo que la reforma de la norma española sí que ampara la imprescriptibilidad de los hechos investigados e incidió en que la postura del fiscal es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Subrayó que si se amplían plazos de prescripción en un momento en el que los hechos aun no han prescrito (2015), no hay conculcación de derechos de los encausados. También recordó que el Parlamento Europeo recomendó a España sobre los asesinatos de ETA no resueltos, que se debía continuar con la investigación para esos casos, y que se debían agotara las posibilidades interpretativas de la legislación para tal fin.