«Haría falta dinamizar juicios rápidos para los delitos que, sin ser complejos, crean inquietud»

–Los datos apuntan a que ha aumentado la delincuencia en Euskadi. ¿Qué más puede hacer la Justicia ante esta realidad?

–La Justicia tiene que incorporarse a una política pública colaborativa con el ámbito de la seguridad, diferenciando el plano de la decisión judicial que es soberana y no admite ningún tipo de injerencia, del plano de la coordinación en la gestión de recursos y de puertas colaborativas con el resto de los poderes públicos. Por ejemplo, dinamizando enjuiciamientos rápidos sobre todo en aquellos delitos que, no siendo sumamente complejos en materia de investigación, generan conmoción social.

–El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha pedido juzgar con más rapidez los delitos. ¿No se están juzgando con esa rapidez?

–Diríamos que en muchos delitos que no son especialmente complejos, probablemente no estemos dinamizando al máximo las posibilidades que nos permiten el enjuiciamiento rápido, las posibilidades legales. Para eso haría falta que funcionasen todas las piezas. La primera pieza es la de la Policía judicial, preferentemente las policías locales. La iniciativa legal parte de ellas. Insisto que son generalmente delitos que no son complejos en la instrucción o la investigación, por tanto, donde la obtención de la fuente de prueba no exige muchas diligencias y donde en cambio estos delitos pueden generar inquietud social o comunitaria. Otra cuestión muy diferente son ya el enjuiciamiento de delitos que tengan elementos de complejidad probatoria, con el déficit de planta judicial, con un número de jueces y juezas que en el momento actual se mantiene siete puntos por debajo de la media de la norma europea.

–Ante el aumento de los delitos de los reincidentes, ¿hay que endurecer la ley?

–No es un problema normativo, tenemos la tendencia de que cada vez que tenemos una situación de inquietud social, acudimos como primera medida a las modificaciones legales para el endurecimiento. No creo que la cuestión vaya por ahí. Hay que mejorar las dinámicas de colaboración institucional y de políticas públicas y, desde ahí, con el marco normativo vigente que no se puede calificar de poco punitivista, obtener el máximo rendimiento social factible. Y luego en el tema de la terminología quizás tendríamos que precisar el concepto de reincidencia y de reiteración. Es decir, que una persona tenga varios atestados policiales no significa que sea reincidente,

–El lehendakari Pradales está últimamente insistiendo en una idea: «el que la hace, la paga». En este momento, ¿el que la hace la paga o no?

–Habría que definir en definitiva qué significa pagar. Si pagar en definitiva significa que el que comete un hecho delictivo responde jurídicamente de ese hecho delictivo y asume las consecuencias, tanto punitivas como reparadoras, que se derivan de esa condena, evidentemente sí, porque se da en definitiva lo exigible. La responsabilidad jurídica tiene que ver con que a alguien se le condene y desde ahí se le exija, o bien el cumplimiento de una pena o una medida de seguridad, o bien también la reparación del daño causado a la víctima o a las víctimas. Pero para eso hace falta, insisto, que haya un pronunciamiento judicial condenatorio.

–Un tema sensible en la Administración de Justicia es el euskera. Después de la última sentencia del Supremo ¿no tiene la sensación de que hay una actitud de beligerancia de la Administración de Justicia en contra de la normalización lingüística?

–Yo diría, primero, beligerancia se podría plantear cuando hubiera una actuación de oficio de un juez o tribunal. Ningún juez o tribunal actúa de oficio en esta materia. El juez o tribunal resuelve los recursos que se interponen, bien por parte de ciudadanos o ciudadanas o incluso por parte, en este caso, de la última sentencia que han mencionado del Gobierno Vasco frente a una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta última sentencia recoge toda la jurisprudencia que se ha dictado hasta el momento y vuelve a reiterar cuál es el marco jurídico de la cooficialidad lingüística; el de la plena igualdad entre los dos idiomas en la comunidad autónoma bilingüe, que se traduce fundamentalmente en lo que se llama reconocimiento de la opción lingüística: es decir, que la persona pueda elegir en qué idioma quiere relacionarse con los poderes públicos, y eso está garantizado. Lo que no cabe es otorgar preeminencia jurídica a una lengua sobre otra.

–Parece que se elude el principio de la discriminación positiva hacia el euskera...

– La sentencia diferencia los planos. El que tiene que ver con la acción positiva dirigida a lograr el principio de cooficialidad igualitaria, del que trata de evitar que haya preeminencia de una lengua sobre otra. Otra cuestión son las sentencias vinculadas al acceso a la función pública a través de recursos de ciudadanos y ciudadanas que han entendido que quedaban de una forma injustificada privadas del acceso al ejercicio de la función pública.

–¿Cómo valora la respuesta de la Diputación de Gipuzkoa al respecto?

–Yo no voy a hacer valoraciones, actuaciones de las diputaciones, lo que voy a decir es que si un tribunal exige algo en términos de estricta legalidad, habrá que adecuar la actuación a esa legalidad, porque eso en definitiva es una apuesta del Estado de Derecho

–¿Avanza el euskera en la Justicia?

–Se va avanzando siendo conscientes de que el punto de más dificultad que tenemos son los juicios en donde todos los actores deben conocer el idioma para evitar agravios y discriminaciones en el proceso.

–¿Cómo está la Justicia en España?

–En términos general está colapsada. En el País Vasco, hay puntos de sobrecarga de trabajo.

–Una jueza de Gipuzkoa que dejó 200 casos sin resolver ha recibido una sanción grave. ¿Le parece suficiente el correctivo?

–Probablemente no, en el sentido de que lógicamente no se puede evitar la situación. Pero en definitiva hay que entender el escenario. Separar a un juez o a una jueza exige un procedimiento y unas garantías. Lo deseable siempre es que todos trabajemos los elementos preventivos y formativos para evitar estas situaciones excepcionales.

–La corrupción se ha convertido en un problema de gran envergadura y con mucho impacto social ¿Qué nuevos instrumentos jurídicos pueden arbitrarse para luchar contra esta lacra?

–Además de jurídicos hay aspectos reactivos. En el aspecto preventivo lo que hace falta, en definitiva, es otra cultura organizacional. Y otra ética tanto en el ámbito de la función pública como en el ámbito de lo privado, que conecta con el público. Y ahí creo que tiene que haber cambios culturales y de ética, tiene que haber evidentemente una ética rigurosa en el ejercicio de la función pública. Segundo, dentro del ámbito preventivo tiene que haber una mejora de los instrumentos de control y para eso, por ejemplo, habría que plantearse ¿por qué no se transponen las directivas de la Unión Europea en materia anticorrupción? ¿Por qué no se regulan mejor los temas de conflictos de intereses? ¿O los temas de los grupos de interés? Todos esos son en definitiva cambios normativos que actúan en la esfera preventiva, es decir que acompañen a una buena cultura organizacional y de ética; y acompañada de algunos buenos instrumentos preventivos que sí reduzcan al máximo las posibilidades de que haya conflictos de corrupción. Y luego lo jurídico, lo que habrá que hacer en definitiva es una mejora en el número de jueces, juezas fiscales, policías, con cualificación.

–¿Los indicios de los informes de la UCO de la Guardia Civil en el caso Cerdán que salpica al PSOE se convierten en sentencias?

–Es un tema que merece mucha reflexión en España y en Europa. Tiene que ver con el tratamiento informativo. En definitiva, todos tenemos que tener claro que la única autoridad con competencia para desvirtuar la presunción de inocencia es el juez del tribunal en una sentencia final. Hasta ese momento se presume la inocencia de las personas. Los actos de investigación que se llevan a cabo policiales y judiciales tienen como objetivo celebrar el juicio oral, no son pruebas, son indicios más o menos fundados.

–¿Está funcionando el Estado de Derecho en Torre Pacheco ante las conductas de exaltación del odio racista desde elementos ultras?

–Sí, desde la premisa de que el discurso del odio no encuentra cobijo en el derecho a la libertad de expresión en un Estado democrático se está diseccionando con relativa claridad cuando el discurso justifica una intervención penal, circunscribiéndola a los casos en los que se incita a la violencia por razones de raza un origen.

-¿Tiene sentido que el fiscal general del Estado se mantenga en su cargo estando procesado?

–Cuando hablamos de presunción de inocencia hablamos de responsabilidades jurídicas, las responsabilidades no jurídicas tienen otro sentido. Cuando alguien ejerce una función pública hay que tener en cuenta el descrédito reputacional de la institución a la que se representa.

–¿Hay mucho malestar en sectores de la Justicia con el actual Poder Ejecutivo en este momento por la 'reforma Bolaños', que incluso ha provocado una huelga?

–A los hechos me remito (en relación a las protestas de este mes).

–Que usted no comparte...

–Ya expliqué que no compartí que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del País Vasco valorase lo que es un proyecto de ley. No nos corresponde hacerlo. Otra cuestión son las discrepancias con su contenido. Por ejemplo, en relación con el acceso a la carrera judicial. Se quiere el acceso a la carrera judicial a partir de una modificación a la baja de los criterios. Y sobre el modelo de instrucción penal. Cambiar el modelo acusatorio para exigir que la instrucción descanse en el fiscal con un juez de garantías, requiere que la Fiscalía tenga un estatus de autonomía independiente y no esté vinculada en este caso al Poder Ejecutivo.

–Decía últimamente la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que la Justicia en España estaba recibiendo presiones intolerables. ¿Le parece adecuado ese mensaje?

–Tenemos que diferenciar, y eso es una cosa que también yo he insistido, entre lo que es la deslegitimación de los jueces y tribunales de lo que es un ejercicio de crítica democrática de la libertad de expresión en una sociedad democrática.

–¿La Justicia europea tiene legitimidad para decir que la amnistía no responde al interés general de España por ser el fruto de un acuerdo político?

–Hasta ahora se han planteado cuestiones prejudiciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que responder a esas preguntas y ahí indicará si efectivamente esa legislación es o no compatible con el derecho de la Unión Europea.

–¿Existen conductas corruptas en la Justicia española?

–Las condenas que han existido por esas conductas, en concreto de prevaricación o cohecho, son absolutamente excepcionales.