Euskadi reconoce a otras 93 víctimas policiales, la mayoría por supuestas torturas
La Comisión de Valoración da a conocer los últimos reconocimientos que se suman a los 147 anteriores y denuncia la falta de médicos forenses para analizar los 417 pendientes
Euskadi reconoce como víctimas de abusos policiales a otras 93 personas, de las que 75 sufrieron supuestos malos tratos o tortura, dos de ellas con ... resultado de muerte. Estos datos se recogen en el informe anual de la Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma vasca entre 1978 y 1999, conocida como de abusos policiales, y que fue presentado ayer en el Parlamento Vasco. En la comparecencia se denunció que debido a la falta de equipos de forenses, la Comisión ha parado su actividad por primera vez en cuatro años, ya que sus dictámenes son necesarios para la resolución de cada expediente.
Este ejercicio es el de mayor número de reconocimientos desde que este grupo inició los trabajos al abrigo de la ley de 2016. Las 93 víctimas reconocidas se suman así a las 66 confirmadas entre julio de 2022 y junio de 2023, a las 46 del periodo anterior de 2021-2022, y a las 35 del de 2020-2021. 187 víctimas más tuvieron su resolución de reconocimiento por el decreto de 2012, impulsado por la consejera de Justicia del Ejecutivo vasco del PSE, Idoia Mendia.
La letrada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa presentaron los detalles del cuarto informe y explicaron que están pendientes de analizar todavía 417 expedientes. En 20 reuniones plenarias se han resuelto 96 expedientes, de los que 93 han sido estimatorios, uno desestimatorio y dos se han dado por desistidos. En la mayoría de los casos reconocidos –un total de 84– la vulneración tiene que ver, según el informe, con actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, tres con la Ertzaintza y media docena con grupos denominados «incontrolados».
240 víctimas han sido reconocidas por la ley de 2016 y quedan pendientes de analizar 417 expedientes
Además de las 75 personas que se citan como víctimas de mal trato o tortura, el informe cita un total de nueve personas que recibieron impactos de bala por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o grupos parapoliciales; las seis primeras con resultado de muerte y las otras tres con lesiones graves. Seis sufrieron agresión policial en el transcurso de disturbios o manifestaciones, cuatro de ellas heridas por impacto de bote de humo o pelota de goma, con pérdida de visión y «perjuicios estéticos muy graves», y otra persona sufrió una agresión grave con intento de secuestro.
Además, de los ocho fallecidos, dos estaban bajo custodia policial y otras dos resultaron heridas graves como consecuencia del atentado con bomba de grupos parapoliciales. El total de personas víctimas de grupos parapoliciales asciende a cuatro. Dos son las del atentado con bomba señalado, y las otras dos por disparos de armas de fuego.
«Somos conscientes de que la tramitación de algunos expedientes está siendo excesivamente larga. Algunas familias llevan más de dos años esperando que resolvamos los casos», reconocieron. La Comisión explicó que ha solicitado información a diferentes organismos judiciales administrativos y sanitarios para comprobar y complementar los hechos alegados. Se han realizado 136 solicitudes de colaboración e información a diferentes entidades. «En la mayoría de los casos, la actitud de las entidades ha sido de apoyo, pero no siempre se ha podido obtener la información solicitada bien por haber pasado mucho tiempo o porque la solicitud realizada no era clara», apuntaron.
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