Los Ertzainas del 'caso de Miguel' dicen que las pruebas recogidas se ajustaron a lo fijado por el juez

Los ertzainas que han declarado este lunes en el juicio del denominado "caso De Miguel", la presunta trama corrupta con 26 imputados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, han asegurado que las pruebas incautadas durante los registros se ajustaron a lo fijado por el juez instructor de la causa.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava la fase de la prueba testifical del mayor sumario de supuesta corrupción instruido en Euskadi, que arrancó el 8 de enero con las cuestiones previas y que, tras un parón para resolver las alegaciones presentadas, se ha reanudado con las declaraciones de cinco ertzainas.

Estos agentes participaron en los registros efectuados el 17 de marzo de 2010 en los domicilios de varios de los principales acusados y de la empresa sobre la que supuestamente pivotó la trama delictiva, Kataia.

Entre ellos ha testificado el ertzaina que dirigió todo el operativo de las detenciones y registros, y dos agentes que registraron la casa de Alfredo De Miguel, el ex número dos del PNV en Álava y exdiputado foral, principal imputado en este caso y para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel.

En sus declaraciones un agente ha afirmado que se les leyó el auto del juez instructor. El objetivo, según han coincidido, era ocupar evidencias relacionadas con la contabilidad de Kataia y cualquier otra documentación vinculada con su actividad y flujos económicos.

Por ello todos han establecido como ajustado a derecho que en los registros se decomisaran los ordenadores que encontraron porque eran susceptibles de contener ese tipo de información.

Precisamente las defensas de los principales acusados han pedido la nulidad total de la instrucción y de algunas pruebas al estimar que los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza se "extralimitaron" a la hora de extraer información de los ordenadores de los acusados y llevaron a cabo una incautación "indiscriminada" e "ilegal" de pruebas.

El responsable del operativo ha subrayado que según su experiencia en este tipo de delitos lo habitual hoy en día es que las cuestiones económicas se guarden en soporte informático y no solo en papel.

Además ha matizado que durante esos registros no hubo ninguna queja del secretario judicial ni de los abogados de los detenidos que estaban presentes y ha insistido en que el auto del juez instructor autorizaba a recoger todo lo que fuera de interés para la investigación.

En virtud de esa instrucción los agentes se incautaron de ordenadores y otros dispositivos informáticos, así como de documentos en papel con contenido financiero, incluida una libreta bancaria, porque según ha precisado un ertzaina, se trataba de buscar flujos de dinero.

Sobre la cadena de custodia de los objetos intervenidos, que también ha sido cuestionada por las defensas, los agentes han indicado que se precintaron todas las pruebas y que fueron directamente remitidas al juzgado sin pasar por dependencias policiales, al tiempo que han recordado que actuaban como policía judicial.

Según han dicho tenían "órdenes muy claras", llevar todo al juzgado sin entrar en los ordenadores, ya que el volcado de la información se hizo en sede judicial posteriormente. Además uno de los ertzainas ha precisado que si hubiera habido manipulación en las pegatinas de precinto hubiera quedado reflejada.

Este martes está previsto que continúe este juicio con las declaraciones de otros once ertzainas. En un principio se han fijado sesiones de tres días a la semana hasta octubre y se prevé que por la Audiencia de Álava pasarán más de un centenar de testigos. Posteriormente declararán los 26 imputados.