La Diputación de Gipuzkoa busca aprobar su primer Presupuesto de la legislatura en su segundo intento

El acuerdo para la reforma fiscal coincide con la presentación del proyecto presupuestario de Gipuzkoa para 2025, que el Gobierno foral expondrá hoy y que tampoco podrá salir adelante sin que al menos un partido de la oposición en las Juntas Generales dé sus votos al Ejecutivo de coalición. Es una prueba de fuego para la diputada general, Eider Mendoza, ya que será su segunda oportunidad para aprobar las Cuentas, al no encontrar ningún acuerdo el año pasado. Esto supuso que se prorrogasen los Presupuestos de 2023. No pasaba desde 2015.

Los desacuerdos en cuanto al modelo de cuidados fueron el motivo por el que EH Bildu decidió abandonar las conversaciones hace un año, cuando pedía al Gobierno foral una «profunda rectificación» de las Cuentas del territorio. En ese momento la coalición abertzale ya conocía que tanto PP como Podemos no apoyarían el texto. Este año los cuidados volverán a ser clave para la izquierda independentista, además de la vivienda.

La mayoría simple del Gobierno foral provoca que el entendimiento en Gipuzkoa sea necesario para todo. En todo caso, cada cuestión puede contar con un socio diferente y fórmulas variables. Por ejemplo, el PP parece que estará lejos de ser socio preferente en la reforma fiscal, ya que el informe de la ponencia que discutido en las Juntas Generales el pasado mes de julio se aprobó gracias al respaldo de EH Bildu. La coalición abertzale acordó con el PNV y el PSE 65 alegaciones que confluían en la progresividad fiscal y 80 de Podemos también salieron adelante. No fue el caso de los populares, que fueron los más críticos con el documento y que vieron cómo tan solo se aprobaba una emienda de las 43 presentadas.

La última revisión fiscal que se realizó en Euskadi fue hace casi siete años, a finales de 2017, cuando PNV y PSE acordaron con el PP una reforma en el marco de la aprobación de los Presupuestos de 2018. Jeltzales y socialistas volvieron a retomar esta cuestión antes de la celebración de las elecciones municipales y forales de 2023, unas conversaciones que se han alargado año y medio hasta la consecución de este pacto. La voluntad incial de los socios de Gobierno es, según trasladaron ayer, «mano tendida al resto de formaciones para conformar amplias mayorías que, además de garantizar la aprobación de las nuevas normas forales y tributarias, permitan compartir unos objetivos en beneficio de la justicia social y el bienestar de toda la ciudadanía».

PNV y PSE realzaron que el marco actual ha garantizado «la suficiencia de recursos para la financiación de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva e, incluso, permitiendo un balance positivo en situaciones de crisis como las provocadas por la pandemia o la invasión de Ucrania». Además, aseguran que la nueva revisión contribuirá a «conseguir el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad del tejido económico y social de Euskadi con el fin de afrontar con garantías retos como el demográfico y las políticas de cuidados».

La vivienda es una cuestión prioritaria para los partidos de la oposición en Gipuzkoa y, el acuerdo entre jeltzales y socialistas repara en este cuestión. Así, señalan que la reforma fiscal favorecerá «al incremento del parque de alquiler para hacer efectivo el derecho a la vivienda, con especial atención los jóvenes». También planteará medidas encaminadas a conseguir la «igualdad real y efectiva, con la vista puesta en la conciliación y el acceso al mercado laboral». Asimismo, entre los desafios al que se quiere hacer frente con la reforma se plantea «favorecer el empleo digno, la emancipación de las personas jóvenes o la protección de los colectivos más desfavorecidos».