«Esto es un desastre»
El desconcierto es una sensación que casa mal con el Derecho, la Ley y los tribunales. Y cuando en el ecosistema judicial se admite el ... pasmo ante una decisión emanada de él mismo, es que algo no ha operado como debiera en el contraste de legalidad; en este caso, entre la petición formalizada por el Gobierno de Urkullu para tratar de implantar el pasaporte Covid en Euskadi, a partir de la resolución del Supremo que avaló la medida en Galicia el pasado septiembre y con la anuencia de la Fiscalía vasca, y el sorprendente «no» acordado este mediodía por la sección tercera de la Sala de Contencioso del TSJPV, con el voto discrepante de su presidente. Sorprendente porque aunque los dos magistrados que tumban la iniciativa del Ejecutivo lo hacen amparándose en el obligado contrapeso de «la proporcionalidad» cuando lo que está en juego son derechos constitucionales, el resultado final es que su pronunciamiento contraviene al del Supremo en el precedente gallego. Y que un Tribunal Superior no matrimonie con el Tribunal Supremo son palabras mayores. Ya viene a advertirlo en su voto particular el presidente de la Sala, Luis Garrido, nada sospechoso de no mostrarse especialmente garantista ante el Ejecutivo PNV-PSE.
Conviene no olvidar un par de detalles que, por añadidura, adornan el contexto. Primero: el Gobierno Sánchez, de perfil en este repunte vírico y sin haber promovido a lo largo de la pandemia una nueva ley orgánica que evitaría este guirigay, traspasó a los ejecutivos autonómicos la alternativa de acudir al Supremo si la justicia en sus comunidades bloqueaba sus normas contra el Covid; el objetivo era que el Alto Tribunal unificara criterio, lo que, visto lo visto en Euskadi, tiene sus flecos. Y segundo: Urkullu se había resistido como gato panza arriba a retornar a una vía judicial que le ha sido muy esquiva... hasta que ha optado por jugársela con el pasaporte Covid. Esta vez, había agua en la piscina con el antecedente gallego. Y nadie -ni en el ámbito político, ni en la Fiscalía y ni en el propio TSJPV- se esperaba el baldón de hoy.
«Esto es un desastre», reconoce sin medias tintas una fuente judicial que atribuye el auto del Tribunal Superior vasco a un cúmulo de despropósitos en el que «todo el mundo lo ha hecho mal». De partida, el Ejecutivo de Sánchez, preso de su minoría parlamentaria, por desistir de un cambio legislativo que, según lo expertos, propiciaría salir de este incierto y contraproducente galimatías jurídico. Y en el caso concreto de la reclamación del pasaporte Covid para Euskadi, el desaguisado combina «la soberbia» del Gobierno Vasco, por no reproducir a pies juntillas el esquema de la Xunta gallega que pasó el filtro del Supremo, con la singularidad argumentativa del ponente del auto, José Antonio González Saiz, quien sugiere en el escrito que ha prosperado, entre otras cosas, que solicitar el certificado de vacunación en los karaokes puede vulnerar el derecho... a la creación artística.
La fuente citada vaticina que un eventual recurso del Gobierno Vasco contra la resolución del TSJPV habría tenido visos de prosperar; lo habría tenido, porque el Ejecutivo ha renunciado a la posibilidad de impugnar ante el Supremo. Ese eventual 'chequeo' en el Alto Tribunal podría haber contribuido a arrojar luz sobre dos aspectos que no quedaron dilucidados en su posicionamiento sobre Galicia y que han sido objeto de controversia en el pleito vasco: si debe pedirse o no el pasaporte a los empleados de los locales repercutidos, cuando ello afecta también al derecho al trabajo, y si cabe admitir o no en esos mismos establecimientos a los menores de 12 años que no están inmunizados porque su vacuna está aún por autorizar.
El día se ha cerrado así con un doble dislate: un auto judicial tan controvertido como para quedar cuestionado y el desistimiento del Gobierno Urkullu de hacer valer la vía todavía abierta, a través del recurso, ante el Supremo.
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