Cuatro jóvenes de Errenteria procesados tras unos incidentes en Pamplona serán juzgados por terrorismo

La Audiencia Nacional juzgará por terrorismo los días 21 y 23 de mayo a cuatro jóvenes de Errenteria presuntos autores de los incidentes violentos registrados en el casco antiguo de Pamplona el 11 de marzo de 2017, para quienes la Fiscalía pide una pena de 7 años de prisión.

En su escrito,el fiscal José Perals, el mismo que acusa por terrorismo a los presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, atribuye a Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y a Julen P.G. un delito de desórdenes públicos terroristas.

La sección segunda será la encargada de juzgar a los cuatro acusados, de entre 20 y 26 años. Los tres primeros fueron detenidos tras los hechos, que ocurrieron, según destaca el fiscal, en el marco de una manifestación no autorizada convocada por la «izquierda radical abertzale» autodenominada «Errepresioari Autodefentsa».

Dicha iniciativa, que se presentaba como una «Nueva iniciativa contra la represión», se publicitó en internet, donde se transmitió un comunicado «al pueblo trabajador vasco» con la «decisión de empezar a desarrollar mecanismos antirrepresivos eficientes», explica el fiscal.

Perals indica que en la marcha los participantes gritaron consignas como «Borroka da bide bakarra» (La lucha es el único camino) «Gora ETA» y «Euskal presoak» (Presos vascos).

Relata que en el transcurso de la manifestación «un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas» y tapados con guantes, capuchas y camisetas por la cabeza, «realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las fuerzas de seguridad«. Así, lanzaron piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos contra policías, mobiliario urbano, viviendas, bancos y comercios.

El fiscal asegura que los acusados se desplazaron a Pamplona desde Errenteria, donde residían, el mismo día 11 de marzo de 2017 para participar en la manifestación que se inició en la plaza San Francisco «con la intención de provocar disturbios en la ciudad». En la marcha participaron unas 400 personas y en ellas se integraron «unas seis u ocho personas vestidas completamente de negro, encapuchados y con bragas de cuello, portando cada uno de ellos unas bolsas grandes».

A causa de los disturbios resultaron heridos un hombre y tres policías y se causaron daños en doce viviendas, comercios y bancos por valor de casi 30.000 euros.

El fiscal les pide por ello 7 años de prisión por desórdenes públicos terroristas y otros 5 años de libertad vigilada, así como el pago de los 30.000 euros por los daños causados, otros 1.500 euros al hombre herido y 600 más por cada uno de los policías lesionados.