EH Bildu propone un fondo de 3.000 millones en diez años para vivienda pública en alquiler

Otxandiano ha planteado estas propuestas durante su intervención en el pleno monográfico que, a instancias de EH Bildu, celebra este miércoles el Parlamento Vasco sobre el enfoque de la política económica e industrial en el actual escenario económico.

Otxandiano vinculó la política industrial con la emergencia habitacional. Así, EH Bildu propone la creación de un fondo de 3.000 millones de euros en diez años para vivienda pública en alquiler, financiado vía endeudamiento y con participación de agentes sociales. «Debe considerarse una infraestructura estratégica», concluyó, integrando así lo social, lo económico y lo industrial en una sola visión transformadora.

Y es que la vivienda es actualmente la principal preocupación de la sociedad vasca debido a un cúmulo de factores como la alta demanda, la escasa oferta y el elevado precio medio de las casas, sobre todo en las capitales y en las localidades con mayor tirón turístico. La propuesta de EH Bildu llega cuando Euskadi está inmersa en la aplicación de la nueva ley de alquiler, cuyo eje es la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de las viviendas.

Además, Otxandiano hizo hincapié en el desarrollo de un nuevo servicio público de empleo («un nuevo Lanbide»), más proactivo y adaptado a las transiciones ecológica, digital y sociodemográfica. Este servicio debe identificar con antelación las necesidades del mercado laboral y proporcionar formación ajustada a esas demandas. «Es imprescindible un renovado servicio público de empleo», dijo.

Con ese fin, EH Bildu propone que el Gobierno Vasco, junto con las organizaciones empresariales y sindicales, acuerde un plan de actuación que, entre otras cosas, consolide los ratios de orientadores de los países más avanzados de Europa y sitúe la tasa de temporalidad de la plantilla de Lanbide por debajo del 8%.

Dicho plan debería incluir -según la coalición- un incremento «significativo» del número de orientadores y orientadoras existentes en la actualidad para el año 2030, hasta un mínimo de 750 personas, y una especialización «suficiente para adquirir las competencias necesarias para responder adecuadamente a las diferentes realidades con planes de formación y acciones requeridas».

Este anuncio llega un día después de que se conocieran los datos del paro y afiliación del País Vasco con récord en el número de cotizantes a la Seguridad Social gracias, sobre todo, al tirón de la hostelería.

Por otra parte, EH Bildu plantea la creación de un Banco Vasco de Inversiones, sobre el que afirma que «no sería una simple ampliación del Instituto Vasco de Finanzas, sino una nueva arquitectura institucional financiera para transformar el modelo económico vasco, reforzar el autogobierno y asegurar una transición justa, sostenible y equitativa».

Esto, a su juicio, contribuiría a una transformación estratégica que dotara a la Comunidad Autónoma Vasca de «una herramienta financiera más potente, proactiva y con mayor capacidad de actuación».

En este sentido, ha afirmado que la reciente creación del fondo Indartuz es complementaria a la creación futura de un Banco Vasco de Inversiones, ya que «permitirá acumular experiencia, movilizar recursos y evaluar impacto antes del salto bancario». Este banco, según EH Bildu, permitiría captar y canalizar fondos públicos, privados y europeos, «multiplicando el efecto de la inversión pública a través de la colaboración público-privada».

Además, aportaría «mayor músculo inversor y autonomía operativa en la financiación directa para proyectos tractores en sectores clave», como la energía, digitalización, vivienda, transición ecológica y la industria. A su vez, podría emitir 'bonos verdes' y sociales para financiar infraestructuras sostenibles con capacidades adicionales y más operativas.

Otro eje clave es el control público sobre infraestructuras estratégicas como la energía, la computación, los datos y la financiación. «¿Cómo garantizar un nivel de soberanía material sobre esas infraestructuras?», preguntó retóricamente, para luego defender una mayor capacidad de decisión desde lo público como garantía de autonomía industrial.

El portavoz de EH Bildu ha reclamado la transferencia de las competencias sobre la red eléctrica, con el fin de que Euskadi tenga capacidad de decisión sobre las inversiones que se hacen en la comunidad autónoma en esta materia. Además, considera necesario contar con «una nueva entidad para la comercialización de energía». «Proponemos una comercializadora pública tomando como modelo la energética de Cataluña, ha añadido.

Unas propuestas que llegan cinco semanas después de que la península sufriera un histórico apagón. Una jornada que ha evidenciado las carencias que tienen las comunidades en sus redes eléctricas. En el caso de Euskadi, por ejemplo, sólo cubre un tercio de su demanda de electricidad con producción propia.

Posteriormente, en el turno de intervenciones del resto de partidos políticos, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, también ha propuesto la creación de una empresa pública vasca de energía «con capacidad inversora, función redistributiva y control democrático», así como de un 'Fondo vasco de democratización de la propiedad productiva'.

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha destacado por su parte la situación económica que vive Euskadi y advertido, en alusión a EH Bildu, que los problemas «no se resuelven con más soberanía, ni reivindicando identidades excluyentes». Además, ha reclamado un pacto de país para dar respuesta a la necesidad de generar energía limpia, ha señalado que la empresa vasca debe aumentar de tamaño y globalizarse y ha abogado por una mayor inversión en investigación e innovación. Ha recordado la necesidad de una política de vivienda que evite que la falta de oferta y los precios altos mermen la competitividad de Euskadi como país y también que la incorporación de personas trabajadoras compense la escasez de mano de obra y cuadros formados que afecta a todos los perfiles y sectores.