ERC y Bildu amenazan con tumbar la reforma laboral y aumentan la presión sobre el PNV

El discurso, con matices, de ERC y EH Bildu -que este jueves plantearon una posición conjunta con el BNG y la CUP en el Congreso- amenaza con el rechazo al proyecto en un momento en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desplegado todos sus esfuerzos para convencer a los socios nacionalistas del Ejecutivo de que apoyen el decreto ley, desde una premisa que pasa por entender esta propuesta como el inicio de un cambio de rumbo en toda la legislación laboral que proseguiría con posteriores propuestas.

En su opinión, la orientación de la legislatura pasa por mantener el bloque de la investidura sin dar entrada a Ciudadanos en la sala de máquinas del poder. El discurso de ERC y EH Bildu eleva también la presión sobre el PNV, cuyo papel podría adquirir una relevancia crucial para salvar la votación. El presidente Sánchez hizo ayer un llamamiento a apoyar el decreto ley «porque es bueno para los trabajadores y los jóvenes».

En el caso de que PNV, EH Bildu y ERC decidieran unir sus votos y decir 'no' al texto, la única posibilidad para que el decreto saliera adelante, quizá por un voto de diferencia, sería sumar a los votos del PSOE y Unidas Podemos, a los representantes de Más País, los dos diputados canarios, Terual Existe, y el Partido Regionalista de Cantabria. Un apretado triunfo de 174 'síes' contra 173 'noes'.

La vicepresidenta segunda ha visitado en los últimos días Barcelona para reunirse con dirigentes políticos en busca de apoyos para el proyecto. El miércoles cenó con el conseller catalán de Empleo, Roger Torrent, sin que se conozcan detalles sobre el contenido del encuentro, pero que perseguía desbloquear la negociación.

En la comparecencia celebrada este jueves en el Congreso, los portavoces independentistas presentaron una declaración conjunta y coincidieron en que este acuerdo impulsado por el Gobierno de coalición es «insuficiente» porque «no deroga aspectos troncales» de la reforma laboral del PP de 2012. También insistieron en la necesidad de garantizar la prevalencia de los marcos autonómicos o provinciales de los convenios, en la indemnización por 45 días por año trabajado en el supuesto de los despidos improcedentes y en la autorización administrativa en los ERE de las empresas.

En todo caso, el diputado de ERC, Joan Salvador -que fue secretario general de UGT en Tarragona- dejó una puerta abierta al diálogo al destacar que el acuerdo también contiene «avances y elementos positivos» en aspectos como la lucha contra la temporalidad y la precariedad, pero pidió «poder mejorar» claramente el texto e «ir más allá» en coherencia con el deseo de una amplia mayoría social y política que quiere revertir las medidas del Gobierno de Rajoy.

La vicepresidenta aludió, en concreto, a la situación de las camareras de hotel, uno de los sectores más condicionados por la precariedad, que podría cobrar hasta 500 euros más al mes con el cambio legislativo.

El tono matizado de Salvador pone de relieve que en el seno de ERC se libra también un debate sobre la idoneidad del 'no' al acuerdo ya que sectores de CC OO y UGT ejercen un fuerte marcaje sobre la cúpula de Esquerra para que no dinamite la posibilidad de un pacto social histórico.

A su vez, la ministra Díaz se mostró este jueves tajante al ser preguntada por la posibilidad de que esta iniciativa saliera adelante con el respaldo de Ciudadanos. «De ninguna manera», señaló. Es la primera vez que se posiciona después de haber suspendido su agenda algunos días por el Covid. Díaz argumentó una razón de calado netamente política. En su opinión, el respaldo de Cs a la reforma «expulsa a las formaciones políticas que sustentan al Gobierno». Desde que comenzaran las negociaciones, la titular de Trabajo siempre ha dejado claro que su objetivo era «cuidar» al llamado bloque de la investidura.