Covite denuncia a la familia de dos etarras por enterrar a su padre con una bandera de ETA
La asociación de víctimas censura que el funeral de Gotzon Gogeaskoetxea se celebró «entre vítores a la banda terrorista»
dv
Miércoles, 14 de junio 2017, 14:11
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este miércoles a miembros de la familia de los dirigentes de ETA Ibon y Eneko Gogeaskoetxea ex jefes del aparato militar y logístico de la banda después de que celebrasen el entierro del padre de estos, Gotzon Gogeaskoetxea, portando una bandera de ETA y entre vítores a la organización. La asociación ha hecho extensible su denuncia a todos los que participaron en el funeral.
Según ha denunciado Covite, los hecho tuvieron lugar el pasado lunes, 12 de junio, en la localidad vizcaína de Busturia. Allí, «decenas de personas, entre ellas niños, condujeron un ataúd envuelto en una bandera que lució el logotipo de ETA y la inscripción 'bietan jarrai'».
Del mismo modo, ha añadido el colectivo, «se celebraron diversos actos de homenaje y exaltación de la organización terrorista».
Covite ha recordado en su escrito que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 112/2016, de 20 de junio, define el discurso de odio como «aquella forma de expresión que propaga, promueve o justifica el odio racial, la xenofobia y otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la intolerancia manifestada mediante un nacionalismo y etnocentrismo agresivos como los que representa la organización terrorista ETA». En este sentido, Covite señala que «portar una bandera de ETA en un lugar público manifiesta una clara la voluntad de ensalzar a la organización terrorista y a sus miembros».
Por todo ello, el colectivo de víctimas del terrorismo ha decidido interponer una denuncia penal por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, previsto en el artículo 578 del Código Penal. El Colectivo, en este sentido, ha asegurado que «el culto al terrorismo en el País Vasco es una realidad preocupante avivada por la nula aplicación de políticas públicas de prevención de la radicalización violenta».