El acuerdo sobre el Cupo levanta recelos en otras autonomías

Era de esperar. El acuerdo sobre el Cupo alcanzado el miércoles entre los gobiernos central y vasco, que ha servido de facilitador de un segundo acuerdo entre el PP y el PNV para que el grupo nacionalista vasco apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2017 elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha levantado suspicacias en otras autonomías, que reclaman «un trato equivalente» y consideran que se producen «desigualdades en financiación» entre regiones.

No es nada nuevo. Varias comunidades se vienen quejando en los últimos años de los «privilegios» que, a su entender, tienen Euskadi y Navarra con sus regímenes forales frente al sistema de financiación de las autonomías de régimen común. La última vez que hubo un pronunciamiento formal al respecto se produjo hace unos meses, cuando varios gobiernos regionales trasladaron por escrito al Ministerio de Hacienda sus quejas, antes de que se empezara a negociar el nuevo modelo de financiación.

El descontento se ha acentuado entre el miércoles y el jueves, después de conocerse que el Gobierno central devolverá al vasco 1.400 millones tras resolver ambas administraciones las discrepancias que mantenían en el cálculo del Cupo desde 2007, y de que Euskadi pagará este año al Estado 956 millones a través del Cupo, 192 menos que en 2016.

Aragón, Valencia, Extremadura, Cantabria...

Uno de los más críticos ha sido el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien ha considerado que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV hace «absolutamente imposible» que se pueda alcanzar un pacto de financiación autonómica con el resto de comunidades.

«Criticábamos el Cupo vasco porque era injusto, pero, después del acuerdo al que ustedes han llegado, el problema de la financiación del resto de las comunidades autónomas queda absolutamente imposible de ser aprobado», ha lamentado Lambán en el pleno de las Cortes aragonesas dirigiéndose al Grupo Popular.

Desde Finlandia, donde se encuentra de viaje oficial, el valenciano Ximo Puig , también socialista, ha advertido de que, cuando se reforme la Constitución, «habrá que plantear nuevas fórmulas que garanticen la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios».

Puig ha recalcado que, «si hay dinero para solucionar el Cupo vasco, que haya dinero también para solucionar la viabilidad del resto de comunidades», y ha mostrado su preocupación por que se pueda visibilizar que «la desigualdad es ya una norma habitual en el funcionamiento del Estado».

«Lobby nacionalista»

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también del PSOE, ha apelado al esfuerzo constante de los ciudadanos de esa comunidad por el desarrollo económico y social de la misma, porque ellos no tienen «partidos nacionalistas ni lobbies».

Fernández Vara ha opinado que el PNV ha entregado sus cinco votos del Congreso de los Diputados «a cambio de muchos miles de euros».

También el consejero cántabro de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), ha reivindicado un «trato justo» para las comunidades, «equivalente» al de Euskadi.

«Que tengamos un trato equivalente", ha reivindicado, antes de cuestionar que a una de las autonomías «más ricas de España» se le dan «muchos mayores ingresos», mientras a las que tienen más problemas «les quitan recursos a los que tienen derecho».

Neutralidad navarra

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, se ha mantenido al margen de la polémica y se ha limitado a señalar que su comunidad trabaja en el convenio económico con el Estado «desde hace muchos meses», buscando el «beneficio compartido» de la sociedad navarra y la española «en términos de estricta justicia» y con independencia del acuerdo al que haya llegado el País Vasco con su Cupo.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha pedido «transparentar» el Cupo vasco y que el resto de comunidades conozcan cómo funciona para saber por qué van a pagar 500 millones de euros menos.

La Junta de Castilla y León, gobernada por Juan Vicente Herrera (PP) ha valorado que el acuerdo con el PNV para el Cupo vasco pueda servir para que los Presupuestos Generales del Estado sean aprobados y afianzar el presupuesto autonómico, pero ha considerado que «todo lo que vaya a Euskadi en forma de fondos perjudica a las demás autonomías».

El ejecutivo castellanoleonés ha destacado que el acuerdo «será bueno para Castilla y León», ya que puede asegurar las entregas a cuenta que han sido incluidas en el proyecto de presupuestos autonómicos, pero ha señalado que en el reparto de los recursos «lo que hay es lo que hay».

PSOE y Podemos

Además de a distintos gobiernos autonómicos, el acuerdo ha inquietado a algunos partidos, como el PSOE, que ha dicho que lo estudiará con «rigor» para «profundizar» y ver «qué hay detrás de las cifras», aunque ha defendido la constitucionalidad del régimen fiscal vasco.

Por su parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha reprochado al PNV que apoye los Presupuestos «a golpe de chequera».

Ante las críticas, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha recordado al PSOE y a Podemos que fueron ellos los que posibilitaron que Mariano Rajoy fuera presidente.

«Los que permitieron que Rajoy fuera investido ahora no pueden señalar a los demás», ha dicho en referencia a la abstención del PSOE en la investidura, mientras que sobre Podemos ha señalado que pudo «desalojar» a Rajoy cuando Pedro Sánchez les propuso un acuerdo «y no lo hizo».