El PP denuncia que cargos del PNV gestionan una empresa a la que se adjudicó 5 millones en 15 años
El secretario general de los populares vizcaínos asegura que los contratos concedidos a Alaiki, firma dedicada a los servicios culturales, suponen «clientelismo parasitario»
efe
Lunes, 13 de julio 2015, 13:56
El secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, ha denunciado este lunes que cargos electos del PNV de este territorio ocupan puestos directivos en la empresa Alaiki, que ha recibido adjudicaciones de más de 5 millones de euros en 15 años.
En una comparecencia ante los medios, Ruiz ha asegurado que la citada empresa, ubicada en Urduliz, y que ofrece servicios socio culturales, fundamentalmente en el ámbito juvenil, representa un ejemplo del modelo de "clientelismo político y parasitario" del PNV en las instituciones vizcaínas.
En sus órganos sociales figuran en la actualidad, como administrador único, el miembro de la ejecutiva del PNV de Bizkaia Gotzon Bilbao, y como apoderados Arkaitz Uribe, hermano del alcalde de Galdakao, y el alcalde de Basauri, Andoni Busquets. Pero también han figurado como representantes de esa empresa anteriormente otros cargos institucionales vinculados al PNV, en lo que supone "la punta del iceberg de una red empresarial" creada por esa formación "para nutrirse" con adjudicaciones de dinero público.
En quince años, según los datos de Ruiz, Alaiki ha recibido de las instituciones vizcaínas en adjudicaciones o subvenciones alrededor de 5 millones, de los cuales 1.100.000 han partido de la Diputación Foral y tres millones y medio de los diferentes ayuntamientos vizcaínos, además de otras adjudicaciones directas, como los 250.000 euros otorgados del 2001 al 2011 por el Ayuntamiento de Basauri.
Según ha señalado Ruiz, el PP ha ofrecido al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, la posibilidad de hacer la institución más transparente, como propuso al tomar posesión, buscando fórmulas jurídicas para evitar casos de "clientelismo político" como el mencionado. Le ha propuesto que las empresas que tengan cargos políticos en sus órganos de dirección "no puedan concurrir a licitaciones públicas o que lo tengan complicado".