Pedofilia: las desviaciones del clero chileno

El 18 de mayo, en un gesto sin precedentes desde hace siglos, treinta y un obispos chilenos presentaban su dimisión al papa Francisco. Sospechosos algunos de haber encubierto actos de pedofilia y agresión sexual en la Iglesia católica de su país, estos miembros del clero se entrevistaron en Roma este mes con el pontífice a petición de éste. Con una cronología estudiada, dos semanas antes, Francisco escuchaba a los tres principales portavoces de las víctimas: Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Les ha atendido por separado, luego juntos durante largas horas. Podríamos estar en el desenlace de una crisis que en los últimos años viene creciendo y que ha llegado a desacreditar al mismo Papa: el paradigmático 'affaire Karadima'.

El ánimo del pontífice para abordar el encuentro con los eclesiásticos convocados fue publicado por el Vaticano el sábado 12. El Papa quiere «examinar en profundidad las causas y las consecuencias» de «los abusos de poder, sexuales y de conciencia sucedidos en Chile a lo largo de los últimos decenios», así como «los mecanismos que han conducido a encubrirlos y a desarrollar graves carencias hacia las víctimas». El comunicado subrayaba que acerca de las desviaciones en el episcopado chileno, hoy, Francisco no tiene ya de qué dudar.

Anteriormente, en enero, durante su visita a Chile y Perú, Bergoglio desautorizó a las víctimas, exigió la presentación de pruebas sobre la participación de los obispos en los abusos, consideró calumnias las denuncias de las víctimas y acusó a los laicos y a los miembros del clero que protestaban de «izquierdistas». La decisión del Papa de defender al cuestionado obispo de Osorno, Juan Barros, y permitirle participar en todas las misas terminó de hundir el viaje a Chile. Encubridor, Barros insistía en negarlo todo, decía que nunca vio nada, pero la Iglesia, tras muchos años de lucha de las víctimas, admitió en 2011 los abusos del guía espiritual Karadima. Le apartó a un convento en Santiago.

La hostilidad de una parte de la opinión pública chilena hacia la Iglesia se materializó en el ataque a nueve iglesias con artefactos incendiarios, pancartas con «pruebas» en Perú, el malestar del jesuita Thomas Reese en un severo artículo del 'National Catholic Reporter' y la reprimenda del principal consejero del papa Francisco para los asuntos de pedofilia. En un texto del 20 de enero, el cardenal americano Sean Patrick O'Malley juzgaba «comprensible que la declaración del papa Francisco en Santiago de Chile hubiese sido una fuente de gran dolor para los supervivientes de agresiones sexuales por parte de miembros del clero o por otros agresores». «Las palabras que transmiten el mensaje: «Si usted no puede probar sus acusaciones, entonces usted no será creído abandonan a aquellos que han padecido violaciones criminales impropias de la dignidad humana y relegan a los supervivientes a un exilio de descrédito», añadía.

El arzobispo de Boston, sucesor en este puesto de Bernard Law, acusado antes de su reciente fallecimiento de haber ocultado durante decenios a los curas pedófilos de su diócesis, precisaba que el Papa conoce perfectamente «los enormes fracasos» de la Iglesia en materia de pedofilia y «las consecuencias devastadoras» que estos crímenes han tenido en los «supervivientes». El Papa también da pruebas de su voluntad: «tolerancia cero» para estos crímenes. Francisco frena el caso Karadima enviando a consultas hasta Chile al arzobispo de Malta, Carlos Scicluna, y al padre Bertomeu, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para escuchar a todas las víctimas. Las dos autoridades le han remitido un informe de 2.300 páginas. Un extracto fue entregado a los eclesiásticos chilenos a su llegada; el documento fue difundido. Horas después los obispos presentaban su dimisión.

El papa Francisco ha pedido perdón por los graves errores de apreciación y de percepción cometidos. Hoy el Papa reconoce «algo enfermo en el cuerpo eclesiástico» y habla incluso de «perversión». Defiende la necesidad de trabajar con la sociedad civil «para promover una cultura anti-abusos». Para aconsejarle creó en 2014 la comisión de expertos confiada a Sean O'Malley. Dos víctimas formaban parte de ella. Una de esas víctimas, al británico Peter Saunders, que había criticado la decisión de confiar al obispo Barros la diócesis de Osorno, se le rogó en febrero 2016 que se tomase un retiro de la comisión. En marzo 2017, la segunda víctima, la irlandesa Marie Colins, presentaba su renuncia denunciando «la falta de cooperación» de una parte de la curia romana y el hecho de que el tribunal prometido por el Papa para juzgar a los obispos negligentes en la gestión de los casos de abusos sexuales no aparecía. Desde diciembre, el mandato de tres años de esta comisión ha llegado a su fin sin relevo por el momento. Dados los acontecimientos hacen falta sanciones y reformas: ese tribunal encargado de juzgar a los obispos débiles, el levantamiento del secreto pontificio en los procedimientos canónicos para los casos de agresiones sexuales y la abolición de los plazos de prescripción en daños tan irreparables infligidos a niños por algunos ministros de la Iglesia. Decididamente aborden con eficacia esta desgracia: las víctimas que no se suicidan mejoran pero no tienen cura.