La erosión del Estado de Derecho

Por lo que se refiere a la independencia judicial, el informe comienza reconociendo que se ha producido un avance positivo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial pero –un año más– vuelve a denunciar la forma de elección de sus miembros. El Informe vuelve a incluir la recomendación de que «se tengan en cuenta las normas europeas sobre los consejos del Poder Judicial». Esas normas obligan a que la mayoría de sus miembros sean elegidos por los propios jueces. El Gobierno y sus aliados parlamentarios llevan años incumpliendo esa recomendación fundamental.

El informe también vuelve a insistir en que se refuerce el estatuto del ministerio fiscal teniendo en cuenta las normas europeas sobre su independencia y autonomía. En ese contexto, deja constancia de una situación incompatible per se con el Estado de Derecho: el procesamiento del Fiscal General del Estado.

Respecto a la ley de amnistía, el informe se limita a recordar que están pendientes de resolución cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque Bruselas insistió ayer en que la ley «no parece responder» al interés general, sino a un «acuerdo político» para la investidura de Pedro Sánchez, y que la «Comisión ya ha valorado su significación desde el punto de vista del derecho de la UE». No se incluye el contenido de esa valoración, que fue negativa. La Comisión Europea denunció entonces que la amnistía era una «autoamnistía» que no estaba justificada por razones de interés general y que no cumplía con ninguna de las exigencias de la Comisión de Venecia.

Finalmente, por lo que se refiere a la corrupción, el mismo documento denuncia que no se haya hecho absolutamente nada para combatirla. El informe reconoce que la percepción de la corrupción «ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años» y que ni siquiera «se ha empezado a elaborar la estrategia nacional contra la corrupción que la ley exigía se aprobase para septiembre de 2024». En este contexto, denuncia cómo en España «la contratación pública, la financiación de los partidos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son sectores clave con un riesgo elevado de corrupción». Ello explica que el 40% de las empresas españolas consideren que la corrupción les ha impedido ganar en los últimos tres años contratos o licitaciones públicas.

Al día siguiente de la publicación del informe, el presidente del Gobierno aseguró en el Congreso que «se han hecho muchas cosas» para combatir la corrupción y que esta es menor que en el pasado. La Comisión Europea sostiene lo contrario. A lo que podemos añadir que sí se ha hecho mucho para fomentarla, reduciendo los recursos materiales y humanos para luchar contra ella. La Unidad de Delincuencia Económica de la policía ha visto reducidos sus efectivos y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco ha sido reforzada. Y nada se ha hecho para combatir la raíz última de la corrupción: «la falta de un sector público profesional y neutral» con especial mención a las empresas públicas. La situación del Estado de Derecho en España es grave por la situación que se describe en estos cuatro puntos. Sin embargo, al margen de volver a reiterar sus «recomendaciones» continuamente incumplidas, la Comisión no ha dado el paso de instar al Gobierno a poner fin al acoso a la independencia judicial. Cabe recordar que en el caso de Polonia, todo cambió el día en que las asociaciones judiciales acudieron directamente a Bruselas a exponer la deriva iliberal de su gobierno ultraderechista. Nuestras asociaciones de jueces acaban de ir a la capital comunitaria para denunciar dos medidas incompatibles con el Estado de Derecho: el nombramiento de mil jueces y fiscales sin necesidad de superar la preceptiva oposición y la atribución a la fiscalía dependiente del Gobierno de la facultad de instruir los procesos penales. Como defensora del Estado de Derecho, la Comisión Europea debería exigir al Gobierno la inmediata paralización de estos proyectos legislativos.

En los últimos años hemos visto cómo dirigentes políticos, especialmente de Vox, han normalizado discursos que vinculan a las personas migrantes con la delincuencia, la inseguridad o una supuesta «invasión». No son opiniones legítimas amparadas por la libertad de expresión, son mensajes que estigmatizan, deshumanizan y alimentan el odio. La libertad de expresión goza de una amplia protección en democracia. Pero esa protección no puede extenderse a discursos que lesionan la dignidad de colectivos vulnerables o promueven hostilidad social. El artículo 510 del Código Penal lo prohíbe, y la jurisprudencia europea lo ha ratificado. Diversas ONG, como SOS Racismo o el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, han alertado del aumento de agresiones tras este tipo de mensajes. No podemos permitir que se usen las tribunas públicas para propagar ideas que ponen en peligro la convivencia. La crítica política es legítima. La incitación al odio no lo es.