Ingeniería fiscal
La misma semana que Telefónica anuncia que va a prescindir de seis mil trabajadores porque quiere y porque puede, la OCDE ha advertido del riesgo ... de futuro del sistema público de pensiones. Un aviso recurrente. Es la misma OCDE cuyos datos sustentan el informe 'State of Tax Justice 2025', dado a conocer en noviembre, que señala que España perdió 31.000 millones de euros en impuestos corporativos entre 2016 y 2021 debido al «abuso» y la «elusión fiscal» de las grandes empresas.
Se detalla que las multinacionales declaran fuera 132.000 millones de beneficios obtenidos en España, lo que viene a equivaler al 5,7% del total del gasto sanitario en ese periodo o un año entero de recaudación del impuesto de sociedades. Cuando se conocen este tipo de datos, no faltan quienes responden 'pues monte usted una empresa, a ver qué tal'. Es exactamente lo contrario. Dejando a un lado (que es mucho dejar) el daño a los trabajadores, las pymes y negocios locales son grandes perjudicados por estas prácticas. No pueden externalizar su tributación porque están sobre el terreno y no tienen filiales en las Islas Caimán.
Se rompe la cadena beneficios-inversión, clave en el sistema capitalista, y se pasa a un sistema extractivo. Con menos dinero, menos consumo local y menos ventas de ese autónomo o pequeño empresario que se queja de los costes laborales, porque no puede competir en precios con quienes no pagan los impuestos que deben.
Cuando, aplastadas por la ingeniería fiscal de los más poderosos, las administraciones desisten (bonificaciones, exenciones sin fin...) se quiebra el contrato social. La fiscal es la gran batalla de las próximas décadas.
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