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Concentración hace una semana de Stop Deshaucios en solidaridad con los vecinos de Errenteria que viven en los bloques de Jaureguizar. Stop Deshaucios

Los inquilinos de las VPO de Jaureguizar piden a la empresa que acepte la propuesta de mantener 10 años más el alquiler

Reclaman que «se apriete el cinturón» y acepte la subvención del Gobierno Vasco de 15.000 euros por cada una de las 40 viviendas para que los vecinos sigan en ellas

A. A.

Miércoles, 11 de mayo 2022, 17:10

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Los inquilinos de los números del paseo de Arramendi 3-5-7 de Errenteria ven muy complicada la posibilidad de seguir en las VPO de alquiler en las que han vivido los últimos 15 años. Después de que Jaureguizar, la empresa propietaria de los inmuebles, confirmara el martes que no contemplaba acogerse a la subvención planteada por el Ejecutivo vasco para prorrogar esos alquileres, las catorce familias que se pueden quedar «en la calle» después de sus contratos finalizaran el mes pasado, han insistido hoy en pedir a Jaureguizar que se replantee la situación y «se apriete el cinturón» y acepte el planteamiento del Gobierno Vasco.

En un comunicado, los inquilinos de estas VPO y las plataformas Alokairu y Stop Desahucios han recordado que el Gobierno Vasco «ofrece la subvención de dinero público de 15.000 euros por vivienda para mantener los alquileres protegidos durante 10 años, si Jaureguizar se acoge a la Orden 6319 del 7 de diciembre», tal y como los inquilinos han demandado.

Jaureguizar, por su parte, ha expresado que «no le es rentable acogerse a la Orden y así continuar con los alquileres protegidos», alegando que «no es un ONG y que les toca a las administraciones (Gobierno Vasco y Ayuntamiento) dar una salida habitacional a los vecinos».

A juicio de los inquilinos, Alokairu y Stop Desahucios, pese a que «el Gobierno Vasco le está ofreciendo 15.000 euros de dinero público por cada vivienda para mantener la función social de las mismas, que ya fueron subvencionadas por el convenio firmado en abril de 2007 con el 10% a fondo perdido del coste de construcción de las viviendas y anexos», la empresa «quiere sacar mayor rentabilidad a un producto tan esencial y social como es la vivienda».

«En esta situación económica tan critica desde la pandemia y agravada con la guerra de Ucrania, la inflación que está empobreciendo a las clases populares, incluyendo las que pueden tener ahorros, el manifestar que es poco rentable es inaceptable», han incidido.

A su juicio, «es hora que las empresas cuyo producto es la construcción, venta o alquiler de viviendas en Euskadi se aprieten el cinturón». Además, han esperado que empresas locales como ésta se comporten «de un modo distinto al de los fondos buitre».

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