Investigan a la presidenta del CSIC por la muerte en un alud de un montañero de Bergara

Unai Pérez de Arenaza, guía de montaña profesional, era un alpinista conocido en el País Vasco, entre otros logros por haber conseguido abrir en 2004 una nueva vía para ascender al Shisha Pangman, de 8.013 metros, junto con el montañero catalán Oriol Baró. La apertura de esta nueva vía le hizo acreedor del premio Andrés Espinosa de ese año.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.

Según indicó ayer 'La Vanguardia', los dos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

Esta situación motivó una demanda por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y el juzgado de lo social número 1 de Lleida reconoció en una sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los fallecidos mantenían una relación laboral con el CSIC a pesar de que esta agencia lo negase.

Los familiares de los investigadores fallecidos se han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por el centro, se llevó a cabo sin medidas de prevención.

La Abogacía del Estado, que representa al CSIC, y la Fiscalía se opusieron a que se investigue a los responsables del consejo, pero la Audiencia de Lleida ha ordenado al juez tomarles declaración como imputados al entender que pueden ser claves para «conocer la estructura organizativa y preventiva» cuando ocurrió el siniestro.

El tribunal cree que, «a pesar de que el accidente fue calificado de fortuito en un atestado inicial elaborado por los Mossos», no se puede descartar «la existencia de ciertas sospechas de la posible comisión por parte de responsables del CSIC de un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores», según el auto al que ha tenido acceso la agencia 'Efe'.

La presidenta y los entonces responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC han sido citados a declarar el próximo jueves ante las «sospechas» de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores.