Entra en vigor la polémica ley antidisturbios de Macron

Protesta de chalecos amarillos en Lyón./Afp
Protesta de chalecos amarillos en Lyón. / Afp

La normativa otorga mayores prerrogativas a la Policía para contrarrestar los actos vandálicos y, entre otras cosas, permite a las autoridades el registro de bolsos, mochilas y vehículos en las concentraciones y sus alrededores

PAULA ROSASCorresponsal en París

La polémica ley antidisturbios impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron a raíz de los altercados violentos registrados en las manifestaciones de los 'chalecos amarillos' ha entrado en vigor en Francia. La normativa otorga mayores prerrogativas a la Policía para contrarrestar los actos vandálicos y, entre otras cosas, permite a las autoridades el registro de bolsos, mochilas y vehículos en las concentraciones y sus alrededores. También convierte en delito el intentar disimular el rostro durante las manifestaciones violentas, bajo penas de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Desde que comenzaron sus protestas el 17 de noviembre, Macron ha intentado contrarrestar la crisis de los 'chalecos amarillos' por todas las vías posibles. Con medidas económicas, con la celebración del Gran Debate Nacional, pero también desde el plano de la seguridad, especialmente después de la alarma desatada en diciembre por la gran violencia en la que se han desarrollado muchas de las manifestaciones que se celebran cada sábado, que han acabado con enfrentamientos entre Policía y manifestantes, vehículos calcinados y comercios saqueados.

La ley, que surge de una propuesta de la derecha, fue aprobada en marzo por la Asamblea Nacional. Sin embargo, una de sus medidas más polémicas, la que permitía a los prefectos prohibir la asistencia a una manifestación a aquellos que consideraran una «amenaza de particular gravedad para el orden público», ha sido finalmente desechada.

El artículo, denunciado por parte de la oposición como «liberticida», había provocado críticas incluso en el seno del partido de Macron -50 de sus diputados se abstuvieron en la votación-. La semana pasada fue finalmente vetado por el Consejo Constitu- cional, que consideró que atentaba contra «el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones».