Los demandantes de VPO de alquiler ya viven emancipados
El Gobierno Vasco destaca el «cambio sociológico» de los solicitantes de Etxebide respecto a hace una década
De la compra al alquiler. De la primera vivienda para iniciar un proyecto de vida independiente a un cambio de piso, a edades más avanzadas, ... para desahogar la economía familiar, dependiente en muchos casos hasta entonces de ayudas extra para pagar las rentas de alquiler en el mercado libre. Ese es el nuevo escenario de las más de 120.000 personas que están inscritas en Etxebide. Una demanda con intereses y situaciones vitales muy diferentes a las que presentaban los solicitantes de hace una década, y un nuevo reto para los encargados de diseñar las políticas públicas que satisfagan ese perfil de demanda. El Gobierno Vasco es consciente de este «cambio sociológico» y de las «implicaciones» que conlleva, en un momento de repunte de la construcción tras la crisis pero también de grave carencia de parque de viviendas disponibles para cumplir con el derecho subjetivo a habitar en una de ellas.
Algunas de esas 120.270 personas que están detrás de las 67.083 solicitudes registradas en Etxebide a 1 de abril forman parte de ese colectivo con el derecho reconocido, pero sin vivienda social asignada. Principalmente, porque no hay. Y ahí es donde el Departamento de Vivienda que encabeza el socialista Iñaki Arriola está concentrando su esfuerzo económico. En construir más de 6.300 viviendas de alquiler social hasta 2021 para atender una demanda de alquiler protegido que ha dado un vuelco completo y que obliga también a darlo a la Administración. Según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo, el 80% de las las solicitudes de vivienda en Etxebide piden una vivienda de alquiler. Son 53.601 expedientes frente a los 13.482 que siguen aspirando a conseguir una VPO en régimen de compra. Estos datos constan en la respuesta a una pregunta planteada por la parlamentaria de EH Bildu, Maider Otamendi, en la que se demandaba información sobre los solicitantes «por territorios, municipios y en orden alfabético», una petición que ha causado cierta sorpresa en el Departamento y al que responden recordando «que no tenemos autorización ninguna» para, fuera del ámbito de la adjudicación de vivienda, hacer públicos los datos personales de las personas inscritas en Etxebide.
Al cambio radical de tendencia en las solicitudes de alquiler, se le suma otro no menos importante. Siete de cada diez demandantes de Etxebide ya están emancipados y habitan en una vivienda libre de alquiler por la que paga una media de 580 euros al mes. Y para la que «muchos», además, precisan de ayudas económicas públicas para sufragarla. Es decir, cobran la Prestación Complementaria de Vivienda y la Prestación Económica de Vivienda que le va sustituyendo progresivamente, fijada en 250 euros.
Muchos solicitantes de VPO social perciben ayuda económica para pagar un alquiler libre
El 80% de las solicitudes de VPO demandan una vivienda en alquiler
Ese dato supone, según el Departamento, un «cambio muy significativo» respecto al escenario de hace una década, ya que los solicitantes no son, como antaño, jóvenes que aspiraban a su primera vivienda pero que aún vivían en casa de sus familiares con su respaldo económico, sino que se trata -según se desprende de esos datos- de personas de todas las edades, cuyos ingresos ya consolidados son más limitados que los que declaraban los solicitantes de hace una década y con los que no tienen otra opción que aspirar a un alquiler social.
Solo VPO de alquiler
Esta situación, tal y como viene constatando en los últimos años el Departamento de Vivienda, se afianza y obliga al Ejecutivo, obligado por ley a garantizar una vivienda digna a todos los ciudadanos vascos, a destinar todos los recursos públicos a este régimen. Ese es el objetivo del vigente plan director. Que el Gobierno Vasco que ahora destina el 80% de sus recursos al alquiler acabe destinando el 100% de su políticas de promoción al alquiler. El 5,4% de la población vasca es solicitante de vivienda protegida, pero dentro de todo ese colectivo, el perfil de los demandantes es el de personas con cada vez menos ingresos con los que solo pueden acceder a un piso protegido en régimen de alquiler. La precarización de los salarios y el repunte de los precios del alquiler en el mercado libre y la imposibilidad de plantearse una vivienda de compra lleva tiempo redefiniendo el perfil de Etxebide.
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