Tumban el recurso de ELA contra el aumento de servicios mínimos en la huelga de residencias

La Justicia ha tumbado la demanda interpuesta por el sindicato ELA contra el aumento de los servicios mínimos en la huelga de residencias dictada por el Gobierno Vasco, al considerar que el informe de inspección de la Diputación que motivó la ampliación sí es válido, en contra de lo que defendía la central abertzale, convocante de las movilizaciones. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) llega un año después de la demanda interpuesta, y en un momento en que la negociación en el sector sigue enredada, con un acuerdo parcial firmado por UGT y las patronales, y el rechazo a este documento del resto de sindicatos (ELA, LAB y Comisiones Obreras). 5.000 trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, están empleadas en el sector.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, entra en el fondo del debate sobre si la decisión del Gobierno Vasco de ampliar los servicios mínimos durante los días de huelga estaba justificada o no. El origen del conflicto está en el primer día de huelga en el sector, el 28 de septiembre de 2018, convocatoria a la que han seguido otros 142 días de paros, repartidos en diferentes periodos. El último mes de huelga se inició el pasado día 11 y se prolongará hasta el próximo miércoles. En aquella primera jornada, los servicios de inspección forales recogieron una serie de incidencias «graves». En concreto, en 14 de las residencias en huelga no se garantizaron los cuidados mínimos requeridos a los ancianos ingresados. Así, hubo residentes que permanecieron 24 horas encamados y a quienes no se les realizaron las curas diarias como tienen pautado. Los problemas, aunque de menor gravedad, también se detectaron en los horarios del desayuno, que se administraron «muy tarde, en algunos centros se finalizó a las 11.45 horas», entre otros incumplimientos.

El Gobierno Vasco, tras tener conocimiento del informe, determinó que para las siguientes convocatorias de huelgas convocadas el personal obligatorio en las residencias tenía que pasar del 50 al 70% (un 10% más en las horas de mayor actividad) para garantizar la correcta atención a los usuarios. Así lo detalló en la orden decretada el 19 de octubre de 2018, objeto de la demanda. ELA recurrió esta decisión ante la Justicia al entender que el cambio no estaba «suficientemente motivado», y que además, el informe de inspección de la Diputación se basaba en las incidencias notificadas por parte de las empresas y no en visitas presenciales, además de rechazar que ocurrieran esos incumplimientos graves.

La sentencia echa por tierra esos argumentos. La resolución dedica una parte a resolver el objeto de la demanda y lo ciñe a la orden del 19 de octubre. Concluye que el asunto se trata como una huelga del sector, y no como huelga de residencias concretas, como aludía ELA. Destaca «la singularidad» del sector, y la obligación de garantizar el derecho de una asistencia correcta a los usuarios. Refleja que no se está hablando de «un solo día» de huelga, sino de periodos más prolongados.

La sentencia valida el informe foral de inspección y dice que «la constatación de comunicaciones de incidencias en el desarrollo del primer día de huelga ha de considerarse suficiente para iniciar el procedimiento de modificación de los servicios mínimos fijados». También afea la estrategia de ELA y remarca que el sindicato no acudió a la reunión convocada para tratar sobre los efectos del cambio de la orden. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.