Uno de cada tres vascos ya vive en municipios donde se toparán los alquileres

Para que esas normas entren efectivamente en vigor, solo queda la ratificación de zona tensionada que corresponde aprobar al Ministerio de Vivienda, y a la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para octubre.

Con la incorporación de la capital vizcaína, el municipio vasco más poblado con cerca de 350.000 habitantes, se produce un salto sustancial en la cantidad de ciudadanos vascos que residen en zonas tensionadas. Ya se rozan los 800.000, más de uno de cada tres residentes en Euskadi (el 36%, según la estimación del Gobierno Vasco). Bilbao se suma a Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Barakaldo y un distrito de Galdakao. Y no tardarán en añadirse nuevas localidades que están en proceso, como Hernani, Astigarraga, Usurbil, Lezo o Zestoa, entre otras.

En el momento actual, la consideración de zona tensionada tiene todavía un efecto parcial en el mercado del alquiler. El motivo es que faltan por publicar los índices de referencia para los alquileres en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. Son estos los que marcarán los límites de renta que podrán reclamar a sus inquilinos los grandes tenedores (dueños de cinco o más viviendas en el área delimitada), así como los propietarios de pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler o, cuando menos, no hayan estado arrendados en los últimos cinco años. Es esta la medida de más impacto y más polémica de la Ley.

El primero en publicarse será el de Gipuzkoa, previsto para finales de este mes.

Sí han entrado ya en vigor en el primer grupo, el de los siete municipios que ya son formalmente zonas tensionadas, otras medidas como el tope para la actualización de la renta en los nuevos contratos de pisos ya alquilados (o que lo han estado alguna vez en los últimos cinco años). Así, en los nuevos contratos que se firmen en pisos que ya han estado alquilados, por ejemplo cuando se cambia de inquilino, el precio respecto al morador anterior no podrá subir por encima de lo que establece el nuevo índice de actualización de rentas (IRAV), que desde este año sustituye al IPC y que es más bajo que este para frenar las subidas de precios. En julio, últimos datos definitivos, el IPC fue del 2,7% y el IRAV, del 2,15%.

También los contratos de alquiler podrán prorrogarse hasta tres años adicionales si lo necesita el inquilino en las mismas condiciones una vez cumplidos los cinco años ordinarios que marca la ley. Una medida que busca aportar estabilidad a los arrendatarios en un escenario de escasez de oferta en el que es difícil encontrar un alojamiento alternativo si se sale del piso alquilado.