Los transportistas también recurrirán la norma que modifica el peaje de la N-1

El camino alternativo elegido por la Diputación de Gipuzkoa para garantizar la aplicación de un peaje para camiones en la N-1 volverá a toparse con el obstáculo judicial. Serán los tribunales, por tanto, los que en última instancia decidirán si se puede o no cobrar, en determinados tramos y a determinados precios, en el eje guipuzcoano de la N-1 y la A-15. Resolverán sobre el actual peaje y también sobre el futuro.

Lo confirmaron ayer fuentes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organización que agrupa a las asociaciones de transportistas del Estado que ya consiguió una sentencia anulatoria del sistema AT en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Por mucho que el Gobierno foral modifique los tramos sujetos a cobro y los precios que llevan asociados a través de una nueva norma foral, volverán a recurrirla, algo que ya está asumido en el palacio foral.

El Gobierno bipartito (PNV-PSE) ha optado por elaborar una nueva norma foral corrigiendo algunos conceptos del actual sistema, anulado por el TSJPV pero vigente al haber un recurso de casación en marcha. La principal modificación consiste en alargar el tramo interno de Andoain -de 2,2 a 5,37 kilómetros- entre los tres que actualmente configuran el sistema. Los otros dos son los de Astigarraga-Andoain (10,3 kilómetros) e Idiazabal-Etzegarate (7,4 kilómetros).

El cambio se realizará para evitar la interpretación de que el canon favorece a los transportistas locales -los que mayoritariamente pasan por Andoain sin tener que atravesar los dos arcos exteriores, según la versión del TSJPV- en comparación con los que tienen que cruzar el territorio atravesando los arcos de Irun y Etzegarate. La Diputación considera que el hecho de que el paso interno ya no sea ni el más corto, ni el más barato de los tres, ayudará a que la Justicia no aprecie discriminación indirecta en la nueva norma foral.

La otra gran novedad será la colocación de un arco en Astigarraga dejando sin efecto el de Irun para evidenciar que el tramo Andoain-Astigarraga es interno y no tiene nada que ver con los kilómetros de Irun más cercanos a la frontera. Los transportistas del Estado advierten de que, pese a los cambios, la nueva norma también será judicializada, aunque aún deben analizar el contenido del nuevo peaje para saber qué argumentos remarcar esta vez en su recurso.

Antes de entrar al fondo, no obstante, ya denuncian las formas del Gobierno foral para «tratar de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje», explicó ayer en una nota Fenadismer, una de las principales asociaciones del CNTC. Considera que la aprobación de una nueva regulación tiene el objetivo de que las sentencias del TSJPV (anulatoria) y del TS (queda por dictar) «no tengan efecto práctico en el actual sistema de peaje, lo que es una auténtica burla tanto a la propia justicia como al colectivo de transportistas afectados por la voracidad recaudatoria de la Diputación».

No habrá medidas judiciales hasta otoño. El CNTC espera que el TS decida si admite o no a trámite el recurso de la Diputación entre septiembre y octubre. Si la admite, pedirá la suspensión cautelar del peaje «en caso de que la fianza exigida para ello sea asumible». Si no la admite, «pediríamos la devolución del dinero cobrado».

El secretario técnico del sindicato Hiru, Esteban Muruamendiaraz, señala precisamente que «si van a cambiar la norma es que la que se ha aplicado hasta ahora estaba mal y, por tanto, tienen que devolver el dinero». Censura que «cuando crearon el discurso de que el peaje era para que pagaran los de fuera ya advertimos de que los perjudicados íbamos a ser los locales. Ellos -en referencia a la Diputación- lo sabían. Sabían que mentían y han estado engañando a la sociedad tal y como confirma este cambio de estrategia».

Muruamendiaraz asegura que «es increíble que con todo el movimiento de mercancías que hay entre Donostia y Goierri, carguen ahí el peaje. Con los mismos viajes, la nueva norma foral va a doblar la factura de los que andan para arriba y para abajo. Y este territorio, de muchas pequeñas y medianas empresas, necesita ese transportista que les haga un servicio ágil y a la carta que no te van a hacer grandes multinacionales». Más allá de la oposición a la medida, el secretario técnico del sindicato vasco lamenta que «a ningún partido político del territorio le importa un bledo el sector porque ya han asumido que el daño colateral del peaje lo paguemos los transportistas».

La primera formación en reaccionar a la iniciativa foral ha sido EH Bildu, que ayer interpretó que «con la propuesta de cambio de norma foral, están admitiendo la sentencia del TSJPV». La coalición abertzale advirtió de que «la incorrecta decisión del PNV sobre los peajes puede traer un agujero de 12 millones al año para todos los guipuzcoanos», para señalar que «este caso trae a la memoria lo ocurrido con las Vacaciones Fiscales». Avanzó que «trabajaremos para clarificar las responsabilidades políticas de estas equivocadas medidas» y exigió a la Diputación «dejar la improvisación, la prepotencia y la vanidad».