Stop Desahucios exige a los ayuntamientos más vivienda pública de alquiler

Stop Desahucios ha presentado este miércoles en San Sebastián la primera de las mociones que tiene previsto llevar a los municipios vascos para exigir el incremento del parque público municipal de viviendas y la movilización de los pisos vacíos, entre otras medidas para solucionar el problema de las familias que han sido desahuciadas.

Representantes de la plataforma que lucha contra los desahucios ha dado cuenta de la iniciativa en el transcurso de una concentración que han realizado a las puertas del consistorio donostiarra a la que se han sumado trabajadoras del Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD) de la capital guipuzcoana, en huelga indefinida desde el pasado 22 de octubre.

La moción de Stop Desahucios recuerda en su exposición de motivos que, de los 1.196 lanzamientos sobre viviendas habituales llevados a cabo en el País Vasco en 2017, el 75 % lo fueron por impago de alquiler, ha señalado el portavoz de la plataforma Marce García.

Asimismo ha denunciado el «insuficiente» parque público de viviendas en alquiler social frente al incremento del número de solicitantes, que ascienden a 62.000 en el caso del Gobierno Vasco y a 10.000 para pisos municipales en San Sebastián.

Por ello, el texto de la moción pide a los consistorios movilizar las viviendas vacías «catalogadas como tales en la Ley de Vivienda, no solo mediante medidas de incentivo sino aplicando el canon recogido» en la normativa y elaborar un registro municipal de pisos vacíos.

El Observatorio Vasco de la Vivienda calcula en 29.231 el número de viviendas vacías de las cuales 34.466 «resultarían potencialmente movilizables para los programas de dinamización de la vivienda deshabitada», señala Stop Desahucios que asegura que «muchos de estos pisos se utilizan como apartamentos turísticos».

El texto de la moción recoge el incremento de los precios del alquiler, que en la Comunidad Autónomas Vasca (CAV) es de 983 euros y en el caso de San Sebastián asciende a 1.300 euros

Solicita también que los ayuntamientos estudien la fijación de índices de referencia de alquileres como ocurre en ciudades como París y Berlín.

La plataforma señala que muchas de las familias desahuciadas «se encuentran en el umbral de la pobreza» y merecerían una «especial protección» en virtud del convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo remarcan el «incumplimiento» del dictamen de la ONU de 2017, que pide a las administraciones que implementen las medidas necesarias «para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa», y recuerda la reciente sentencia del Tribunal Supremo que entiende, «por primera vez», que los tratados que crean órganos internacionales de control «son derecho» y que deben de ser cumplidos.