Stop Desahucios confía en que la activación de los topes al alquiler limite los precios «impagables» de Donostia

La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha aplaudido este miércoles que «por fin» entren en vigor los índices de referencia de los precios de alquiler para los municipios tensionados del territorio. La asociación «saluda» que se pueda aplicar ya esta herramienta de la Ley de Vivienda, pensada para «limitar los precios especulativos e impagables que vienen imponiendo los grandes tenedores en estos municipios», así como para controlar los precios de los nuevos alquileres que fijen los pequeños tenedores para viviendas que no han sido alquiladas en los últimos cinco años.

Stop Desahucios destaca que la entrada en vigor del tope de precios afecta a «las 3.000 viviendas que en Donostia están en manos de 'fondos buitre' como Azora (con 320 viviendas) y Testa Socimi-Blackstone, con 520 VPO en Benta-Berri que habrá que sumar cuando se liberalicen en julio de 2028».

En opinión de la plataforma, la limitación por ley de estos alquileres, junto con las prórrogas extraordinarias de hasta tres años de los contratos que vayan finalizando desde que el municipio ha sido declarado tensionado en el BOE —a la que ya se han acogido familias de Errenteria, Donostia e Irun hasta el momento— son instrumentos para «destensionar este mercado especulativo del alquiler, permitir que los inquilinos e inquilinas permanezcan en sus viviendas a través de las prórrogas extraordinarias, congelar los alquileres con la renta del último contrato firmado por los arrendadores y, sobre todo, impedir que aumenten las demandas de desahucio por finalización de los contratos».

No obstante, a pesar de la valoración positiva que hace de la medida, Stop Desahucios pide a las administraciones públicas «más pasos» en la lucha contra los arrendamientos elevados, y censura la «falta de voluntad de los ayuntamientos para aplicar el canon a las viviendas vacías que prevé la ley vasca de vivienda», pide «acelerar la prohibición de conceder autorización a nuevas viviendas turísticas y el cierre de las que son ilegales» y combatir los «falsos contratos de alquiler de temporada y de habitación, que son la última escapatoria de los arrendadores para eludir la Ley de Vivienda de forma ilegal y fraudulenta» .

En este sentido, la plataforma advierte a los inquilinos que consideren que tienen un contrato camuflado para una situación que es de residencia permanente y estable, que «pueden exigir al arrendador su transformación en un contrato regulado con una duración de cinco años».

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