Sale a concurso el supercontrato de explotación de las autopistas de Gipuzkoa: 296 millones en 8 años

El concurso genera expectación sobre todo por su cuantía económica. El valor estimado del contrato -el máximo que limita el compromiso económico- asciende a 333,6 millones de euros para ocho años. Pero también suscita interés por la posibilidad que se abre de que se produzca un cambio de adjudicatario tras quince años de servicio prestado por la misma empresa. Bidelan -formada por Dragados, Campezo, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Serbitzu Elkartea- se ha encargado de las labores de mantenimiento de las autopistas AP-8 y AP-1 -abierta ésta última en 2009- desde 2003, año en el que terminó la concesión de la AP-8, hasta entonces gestionada por Europistas y contratada por el Gobierno de España.

La millonaria licitación hace presagiar que no faltará competencia en un concurso que fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 27 de diciembre y que establece como fecha límite para presentar ofertas el 27 de febrero. Arranca con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros aunque es de suponer que la cifra menguará considerablemente tras la puja de distintos grupos empresariales. Ya ocurrió hace quince años. Bidegi inició el proceso con la predisposición de pagar a la adjudicataria en torno a 235 millones de euros -entonces solo por el mantenimiento de la parte guipuzcoana de la AP-8- y acabó abonando 185,5 millones.

La adjudicación no estuvo exenta de polémica. Aralar denunció la existencia de «favoritismo político» hacia el PNV, afirmando que la adjudicación se realizó a Bidelan en contra de un informe técnico redactado por una consultora externa (Ineco), que valoró esta oferta como la peor de las tres presentadas. La Diputación negó en 2007, con Markel Olano como diputado general, el «tráfico de influencias» del que fue acusado.

Semejantes cifras se prestan a la controversia y las condiciones del contrato fueron seriamente rebatidas durante la pasada legislatura por el Gobierno foral de EH Bildu, que consideró que la adjudicación a Bidelan resultaba «perjudicial para los intereses de Gipuzkoa». De hecho, inició en junio de 2013 un expediente de lesividad con el objetivo de «controlar el gasto de manera más rigurosa, ahorrando en torno a 12 millones al año».

Los recelos afloraron con los cambios que se introdujeron en 2010 en el contrato original, firmado en 2003 entre Bidegi y Bidelan. En la primera formulación, el adjudicatario recogía dinero en función del tráfico: por cada coche que pasaba se le pagaba una cantidad. En 2009, cuando la crisis empezó a reducir las cifras de tránsitos, Bidelan pidió un cambio en los términos del contrato, argumentando que no se estaban cumpliendo las expectativas y que al reducirse el tráfico se reducían también los ingresos. Propuso a Bidegi un sistema de pago consistente en una parte variable determinada por la evolución de los tráficos y otra fija para compensar el descenso en el número de vehículos por las autopistas AP-8 y AP-1. Suponía que todos los gastos de la adjudicataria se cargaban a Bidegi con un beneficio asegurado del 7,7% para Bidelan.

La sociedad foral accedió al cambio de contrato en otoño de 2010. EH Bildu denunció que de la comparativa de lo que habría cobrado Bidelan si se hubieran seguido aplicando los criterios de adjudicación de 2003 y de lo que cobró desde 2009 en aplicación de las nuevas condiciones, de 2009 a 2012 se abonaron 16,5 millones de euros de más a Bidelan.

En lo que respecta al coste anual del mantenimiento de las autopistas, la coalición abertzale calculó que frente a los 37 ó 38 millones que se abonaban a Bidelan anualmente por ese concepto, gestionarlo directamente permitiría reducir la partida en unos 12 millones de euros, dejándola en unos 25 millones y realizando «una gestión más rigurosa».

En noviembre de 2013 la Diputación de EH Bildu y Bidelan alcanzaron un acuerdo que, tal y como anunció la portavoz foral Larraitz Ugarte, suponía un ahorro de unos 3,5 millones anuales para las arcas públicas hasta 2018, lo que se traducía en un ahorro de 17 millones de euros.

Estos precedentes auguran un férreo control de la oposición al proceso de licitación puesto en marcha por Bidegi. La agencia foral de infraestructuras viarias se ha convertido en la principal fuente de discordia entre el PNV y EH Bildu y el hecho de que en este caso sea la entidad adjudicadora de un contrato tan jugoso vaticina una contratación mirada con lupa.

La licitación llega tras una legislatura -la de EH Bildu- donde la sociedad foral fue objeto de querellas por sobrecostes -pendientes de resolución en los juzgados- y de anuncios de quiebra, pero dentro de un ciclo -el del actual Ejecutivo bipartito- donde su fortaleza ha sido reivindicada con varios proyectos estratégicos asumidos por la propia Bidegi, descargando a los presupuestos forales de importantes cargas financieras.

El pasado verano se comunicó que los términos ventajosos del nuevo crédito permitirán a la agencia foral hacer inversiones por valor de 50 millones hasta 2019. De momento, Bidegi ya ha asumido la obra del tramo Antzuola-Bergara de la autovía de Deskarga (35 millones de euros), la instalación del recién estrenado peaje de la N-1 para camiones (16 millones) o el millón de euros anual que costará el techo de gasto del peaje entre territorios sin que esos gastos afecten a las arcas forales.