«He recibido amenazas de muerte por defender los derechos humanos»

Defender los derechos humanos en muchos lugares del mundo supone un alto riesgo para la seguridad e integridad física de los defensores. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi, que gestionan este programa de protección, Naiara Gutiérrez explica que «las amenazas, hostigamientos, asesinatos, detenciones arbitrarias o el encarcelamiento bajo montajes judiciales son algunos ejemplos de las violencias a las que las defensoras se enfrentan a diario». La organización vasca señala que solo en 2020, 331 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo y que, además, «la pandemia del Covid-19 ha agudizado estas situaciones» en las que personas con el perfil de Leiria Vay —mujer y madre soltera— son más vulnerables. Y es que Leiria no vino a Euskadi sola, sino que vino acompañada de su hija.

Defensora de los derechos humanos y de la Madre Tierra e integrante de la dirección política del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Vay se vio obligada a aplicar a este proyecto de acogida, por el cual vivirá durante seis meses en una localidad —que no se menciona por su protección— en Euskadi. «CODECA es el movimiento más grande del país con más de 100 mil miembros. Por las luchas que llevamos a cabo hemos sido fuertemente perseguidos, criminalizados, incluso asesinados. Ya han muerto 20 dirigentes del movimiento», advierte. Ahora son siete cabecillas y todos ellos están bajo amenaza.

El 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala. Este acontecimiento puso fin a un conflicto armado interno que amenazó a la población local durante 36 años. Tras esta firma, el gobierno se propuso «desarrollar un país subdesarrollado», cuenta Leiria. Si bien, la mujer Maya K'iche denuncia que este desarrollo «lo llevan a cabo destruyendo la tierra», algo por lo que las comunidades indígenas inician un proceso de denuncia. Fue entonces cuando «comenzó su persecución y los asesinatos».

«No estamos en contra del desarrollo ni de las empresas. Estamos en contra de la violación de derechos humanos, de la destrucción de la Madre Tierra y del acaparamiento de propiedades», anuncia la guatemalteca. El movimiento de CODECA ha sido definido por los últimos dirigentes del gobierno como «un cáncer social que crece» al cual «hay que erradicar» o como una «organización ilegal que genera inestabilidad y subdesarrollo». Leiria denuncia esta estigmatización y criminalización y alega que «a lo que ellos llaman desarrollo, es el mayor saqueo, destrucción y sobreexplotación de las comunidades indígenas». A todo ello dará visibilidad desde Euskadi y sus trabajos desde CEAR y su programa de protección a defensoras.

El Programa Vasco de Protección cumple 10 años. Naiara Gutiérrez señala que «es un proyecto en red en el que han participado diversas personas, instituciones y organizaciones de derechos humanos. Concretamente el programa ha acogido a 30 personas defensoras de diferentes países (27 personas adultas y 3 menores), así como a organizaciones, comunidades y colectivos de Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y los territorios ocupados del Sahara».

Las personas protegidas tienen distintos perfiles según el campo de su activismo. Están los que defienden los derechos de los pueblos indígenas (33 %), derechos de presos políticos o personas desaparecidas (19%), de las mujeres (15%), del pueblo negro o de los derechos étnicos (12%), así como quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes (11%) y los derechos del colectivo LGBTIQ+ en países donde son perseguidos (8 %).

«El objetivo del programa es proteger a personas defensoras de derechos humanos que vean amenazada su vida o integridad física por la actividad que desarrollan en sus países de origen en defensa de la vida y la justicia social, a través de la acogida en Euskadi, por un periodo de seis meses», explica Naiara. El programa está liderado por la Dirección de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Así, durante su estancia en Euskadi, Leiria llevará a cabo distintos trabajos de denuncia mediante los cuales pretende conseguir tres objetivos que se ha marcado: «Denunciar la represión que sufre el pueblo guatemalteco al defender los derechos a la vida y la madre tierra, dar visibilidad a este movimiento y buscar alianzas internacionales que nos apoyen».

En agosto, esta defensora volverá de nuevo a su país de origen a pesar de que «la situación allí no ha cambiado». Vay encara el futuro con decisión y una firmeza férrea respecto a su intención de no sucumbir a los peligros y las amenazas que le deparan en Guatemala. No tiembla; tampoco duda ante la idea de regresar. «La solución no es dejar el país, sino denunciar y visibilizar la lucha de los pueblos y buscar alianzas nacionales e internacionales», explica. Una vez concluya su estancia en Euskadi sus pasos le llevarán de vuelta a la boca del lobo, donde «lamentablemente no hay ningún mecanismo de protección oficial. Uno tiene que protegerse a sí mismo en todo momento y ser cauto».